juicio a los presos políticos
Las relaciones de
Manuel Marchena, presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y ponente del juicio al ‘procés’, con la empresa “
Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” no están nada claras, y deberían de investigarse por el Consejo General del Poder Judicial.
Esta
empresa, dedicada a la edición, distribución y venta de libros
especializados en Ciencias jurídicas, se constituyó en el año 2014 por
el Catedrático de Derecho Procesal y Abogado
Nicolás González-Cuéllar Serrano(amigo íntimo de
Manuel Marchena), quien figura formalmente en el Registro Mercantil como administrador único de la sociedad. Hasta ahora todo normal.
El
problema es que esta empresa editorial se ha dedicado casi
exclusivamente en estos cuatro años de funcionamiento a la edición y
publicación únicamente de los libros escritos por 3 de los miembros de
su Consejo Editorial, del que, además de
González-Cuéllar, también forman parte entre otros el catedrático de Derecho Procesal,
Vicente Gimeno Sendra, y el actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo,
Manuel Marchena Gómez.
De esta forma, podríamos decir que tanto
Nicolás González-Cuéllar, como
Vicente Gimeno Sendra y también
Manuel Marchena,
son en realidad editores de sus propias publicaciones. Y si esto puede
no suponer ningún problema para los dos catedráticos, sin embargo para
el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo va a representar un
verdadero quebradero de cabeza, porque, si bien
Manuel Marchena puede
ser autor de libros y publicaciones, y puede celebrar sobre ellos
contratos de edición con terceros, sin embargo, por ser miembro de la
carrera judicial no puede ser su propio editor. Si a ello le añadimos
que la empresa editorial “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” de la
que
Manuel Marchena forma parte de su Consejo Editor, y
es además su marca, facturó en los años 2015, 2016 y 2017 la cantidad
total de 400.000 euros, la polémica está servida.
El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta muy grave,
pudiendo estar castigada con la expulsión de la carrera judicial,
el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el
cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de la misma
ley, donde se menciona expresamente “el ejercicio de toda actividad
mercantil, por sí o por otro” y “las funciones de Director, Gerente,
Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique
intervención directa, administrativa o económica en sociedades o
empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, entre
cuyas funciones se encuentra desde luego la de quien es miembro del
consejo editorial de una empresa de edición.
Por esta misma razón, por llevar a cabo
“una actividad empresarial en toda regla” ha sido expulsado de la carrera fiscal
Emilio Valerio Martínez de Muniaín, ex teniente fiscal de Madrid, como consecuencia de las constantes denuncias del abogado
Sebastián Gómez Marfil.
Hay que tener en cuenta que, no es la primera vez que
Manuel Marchena (procedente
también de la carrera fiscal) ha utilizado la figura de miembro del
consejo editor para vincularse con una empresa editorial. Según el
periódico digital
eldiario.es, lo hizo también cuando fue miembro del consejo editorial de
Vocento (vinculado a la fundación FAES de
José María Aznar) participando en la redacción de los editoriales del grupo.
https://diario16.com/presidente-del-tribunal-del-proces-vinculado-una-empresa-tres-anos-facturo-400-000-euros/
ENLLAÇ NOTÍCIA :
https://diario6.com/el-presidente-del-tribunal-del-proces-incumple-gravemente-la-ley-esta-vinculado-a-una-empresa-que-en-tres-anos-facturo-400-000-euros/
