El presidente del Tribunal del ‘procés’ incumple gravemente la ley: está vinculado a una empresa que en tres años facturó 400.000 euros

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Las relaciones de Manuel Marchena, presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y ponente del juicio al ‘procés’, con la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” no están nada claras, y deberían de investigarse por el Consejo General del Poder Judicial.




Esta empresa, dedicada a  la edición, distribución y venta de libros especializados en Ciencias jurídicas, se constituyó en el año 2014 por el Catedrático de Derecho Procesal y Abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano(amigo íntimo de Manuel Marchena), quien figura formalmente en el Registro Mercantil como administrador único de la sociedad. Hasta ahora todo normal.

El problema es que esta empresa editorial se ha dedicado casi exclusivamente en estos cuatro años de funcionamiento a la edición y publicación únicamente de los libros escritos por 3 de los miembros de su Consejo Editorial, del que, además de González-Cuéllar, también forman parte entre otros el catedrático de Derecho Procesal, Vicente Gimeno Sendra, y el actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez.



De esta forma, podríamos decir que tanto Nicolás González-Cuéllar, como Vicente Gimeno Sendra y también Manuel Marchena, son en realidad editores de sus propias publicaciones. Y si esto puede no suponer ningún problema para los dos catedráticos, sin embargo para el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo va a representar un verdadero quebradero de cabeza, porque, si bien Manuel Marchena puede ser autor de libros y publicaciones, y puede celebrar sobre ellos contratos de edición con terceros, sin embargo, por ser miembro de la carrera judicial no puede ser su propio editor. Si a ello le añadimos que la empresa editorial “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” de la que Manuel Marchena forma parte de su Consejo Editor, y es además su marca, facturó en los años 2015, 2016 y 2017 la cantidad total de 400.000 euros, la polémica está servida.



El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta muy grave, pudiendo estar castigada con la expulsión de la carrera judicial, el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de la misma ley, donde se menciona expresamente “el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro” y “las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, entre cuyas funciones se encuentra desde luego la de quien es miembro del consejo editorial de una empresa de edición.



Por esta misma razón, por llevar a cabo “una actividad empresarial en toda regla” ha sido expulsado de la carrera fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, ex teniente fiscal de Madrid, como consecuencia de las constantes denuncias del abogado Sebastián Gómez Marfil.



Hay que tener en cuenta que, no es la primera vez que Manuel Marchena (procedente también de la carrera fiscal) ha utilizado la figura de miembro del consejo editor para vincularse con una empresa editorial. Según el periódico digital eldiario.es, lo hizo también cuando fue miembro del consejo editorial de Vocento (vinculado a la fundación FAES de José María Aznar) participando en la redacción de los editoriales del grupo.





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