Las cifras siguen creciendo. A pesar de las campañas dirigidas a pedir el fin del negocio militar con determinados países, los sucesivos gobiernos españoles han permitido que la industria española de la guerra continúe aumentando sus ingresos a costa de contratos que, según advierten distintas organizaciones de derechos humanos, podrían implicar distintas vulneraciones.



En un informe dado a conocer este viernes, la plataforma Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– ha pedido "la suspensión de la exportación de armamento a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel". "El Gobierno puede ser cómplice