La plataforma Armas Bajo Control advierte que entre 2018 y 2019 aumentaron las ventas de armas a distintos países. Alerta además que el Ejecutivo "puede ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional".
Un yemení pasa delante de un edificio bombardeado. EFE |
Las cifras siguen creciendo. A pesar de las campañas dirigidas a pedir el fin del negocio militar con determinados países, los sucesivos gobiernos españoles han permitido que la industria española de la guerra
continúe aumentando sus ingresos a costa de contratos que, según
advierten distintas organizaciones de derechos humanos, podrían implicar
distintas vulneraciones.
En un informe dado a conocer este viernes, la plataforma Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– ha pedido "la suspensión de la exportación de armamento
a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel". "El Gobierno puede
ser cómplice
de la comisión de crímenes de derecho internacional",
remarcaron.
La denuncia de estos colectivos llega 72 horas antes de que la secretaria de Estado de Comercio comparezca ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar datos sobre las exportaciones de armas españolas en los dos últimos años. Esa comparecencia, que tendrá lugar el lunes a las 16.00, "es especialmente importante, debido a que no se celebraba desde 2018, a pesar de que el sector armamentístico opera bajo un intolerable manto de secretismo", lamenta Armas Bajo Control.
No en vano, las
organizaciones que impulsan esta campaña esperan que el Gobierno rinda
allí cuentas "por un volumen récord de autorizaciones que entre 2018 y
2019 ascendieron a 21.825 millones de euros, de los que ya se han
exportado 7.880 millones de euros". "Esto hace prever que, a menos que
se revoquen algunas autorizaciones, continuará el aumento de las
exportaciones iniciada con las medidas de apoyo a la exportación de
armas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy con la crisis de 2008",
advirtieron.
En tal sentido, indicaron que "en el periodo 2015-2019 se autorizaron exportaciones por valor de 58.806 millones y que se han materializado en unas ventas de 4.000 millones anuales de media".
"Luces y sombras"
A su juicio,
actualmente hay "luces y sombras" en torno a la actuación del Gobierno
de Pedro Sánchez en este tema. "Tras asumir el poder en verano de 2018,
el Gobierno del PSOE denegó una exportación de bombas a Emiratos Árabes Unidos
que, junto a Arabia Saudí, ha llevado a cabo más de 21.000 bombardeos
en Yemen desde marzo de 2015. Estos ataques aéreos han causado cerca de
19.000 víctimas civiles que, junto al cólera y la COVID-19, han
provocado la mayor catástrofe humanitaria actual, según la ONU",
subraya.
Del mismo modo, "en el segundo semestre de 2018 el Gobierno no aprobó ninguna autorización a Arabia Saudí ni firmó nuevos acuerdos con ese país,
una suspensión de facto similar a la de varios países europeos". "Esto
se refleja en un descenso de las exportaciones en 2019 a este país hasta
los 35 millones de euros", destaca.
Sin embargo, Armas
Bajo Control advierte que "el aumento de exponencial de las
autorizaciones en 2019 podría significar una subida relevante de las
exportaciones en 2020". Destaca precisamente que "en 2019 el Gobierno de
Sánchez autorizó 22 licencias por importe de 392,78 millones de euros, lo que augura un repunte de las exportaciones en 2020".
Sánchez autorizó 22 licencias por importe de 392,78 millones de euros, lo que augura un repunte de las exportaciones en 2020".
Según destaca el informe, "eso supuso 30 veces más que el año anterior", concentrados principalmente "en 76,2 millones en munición" frente a los 2,19 millones en 2018, o los 1,3 millones de euros en bombas y 315 millones en aeronaves,
además de armas ligeras y sistemas de dirección de tiro. "La inmensa
mayoría (97,1%) fue para las Fuerzas Armadas saudíes y el 2,9% restante
para empresas privadas", explica.
Las organizaciones
a cargo de este análisis se preguntan "a qué se debió este aumento en
las autorizaciones y por qué, en su caso, se produjo este aparente
cambio de criterio". "Creemos que es de una de las cuestiones que debe
aclarar el Gobierno en su comparecencia ante el Congreso", resaltan.
Por tales motivos, considera que "la aprobación por el Gobierno en abril de un Protocolo de Verificación y un nuevo Certificado de Último Destino
como respuesta a las demandas sociales se vio como un avance aunque,
lamentablemente, se desconoce cómo se va a aplicar, por lo que puede
convertirse en una 'medida florero' si no incluye garantías legalmente
vinculantes que garantice que las armas exportadas no se emplearán
contra la población civil".
Armas Bajo Control alertó además al Gobierno sobre "el historial de desvío de armas no españolas exportadas a Irak, Egipto y Turquía
que fueron desviadas para cometer atrocidades en Yemen, Libia o Siria".
"En algunos de estos casos se han documentado armas estadounidenses,
belgas, suizas, alemanas y británicas que acabaron en manos de milicias
en Yemen, incluidas algunas vinculadas al Estado Islámico y Al Qaeda",
apunta.
Ante esta situación, reclaman "medidas de control para evitar posibles desvíos, incluida la denegación de las autorizaciones
de exportación de armas a Irak, Egipto y Turquía, ante el riesgo
evidente de desvío para cometer violaciones de derechos humanos".
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