La plataforma Armas Bajo Control advierte que entre 2018 y 2019 aumentaron las ventas de armas a distintos países. Alerta además que el Ejecutivo "puede ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional".
Un yemení pasa delante de un edificio bombardeado. EFE |
Las cifras siguen creciendo. A pesar de las campañas dirigidas a pedir el fin del negocio militar con determinados países, los sucesivos gobiernos españoles han permitido que la industria española de la guerra
continúe aumentando sus ingresos a costa de contratos que, según
advierten distintas organizaciones de derechos humanos, podrían implicar
distintas vulneraciones.
En un informe dado a conocer este viernes, la plataforma Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– ha pedido "la suspensión de la exportación de armamento
a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel". "El Gobierno puede
ser cómplice