Bruno Perez
Empleo incluye en la Reforma de la Administración un cambio en el modelo de la Inspección Laboral que reservaría al Estado el control sobre las empresas de implantación nacional.
La aplicación del modelo desactivaría el traspaso de competencias en la materia realizado a Cataluña y el País Vasco por el Ejecutivo de Zapatero.
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| La ministra destructora de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente de CEOE Pillo lo que puedo, Juan Rosell. |
Crear una Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, al estilo de lo que ocurre con la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, se dedique en exclusiva al control del cumplimiento de la normativa laboral y de orden social en las principales empresas del país, que tenga competencias sancionadoras y que dependa orgánica y funcionalmente del Ministerio de Empleo.
Éste es el proyecto más ambicioso que se ha planteado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, para los próximos meses.
Ambicioso no sólo porque supondría la mayor reforma llevada a cabo en la Inspección de Trabajo en los últimos lustros, sino también porque implica un desafío político de caza mayor: recuperar las competencias en la materia traspasadas a Cataluña y el País Vasco en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En concreto, lo que pretende el Ministerio de Empleo, y así lo ha reflejado en el Plan de Reforma de las Administraciones Públicas, es atribuir a una Unidad Especial adscrita a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) las "competencias inspectoras sobre empresas de ámbito nacional, también en materias de competencia de las comunidades autónomas".
Y no sólo las competencias inspectoras, sino también la capacidad de sancionar a las empresas por las eventuales irregularidades que se detectaran en las actuaciones de dicha Unidad Especial de la Inspección de Trabajo.
¿En qué cambiaría este nuevo esquema el sistema actual? En primer lugar, centralizaría en el Estado toda la actuación inspectora sobre las principales empresas del país. A día de hoy es competencia autonómica, por ejemplo, el control de los convenios colectivos de ámbito regional o provincial, de las actuaciones de las ETT, del cumplimiento de la jornada laboral, de la realización de horas extra dentro de los límites legales, de la correcta aplicación de las medidas pactadas en un expediente de regulación de empleo o del respeto a las medidas de prevención de riesgos laborales.
Aunque donde realmente sería relevante el cambio sería en Cataluña y el País Vasco, que desde 2010 y 2011, respectivamente, tienen traspasadas numerosas competencias en materia de la Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el decreto de traspaso de Cataluña, por ejemplo, se atribuía a la Generalitat las competencias de control sobre relaciones laborales, condiciones del trabajo, políticas activas de empleo, cualificaciones profesionales, intermedicación laboral, prevención de riesgos... y toda una sería de materias que, en la práctica, dejaba en manos de la Inspección Territorial todo el control en materia laboral de las empresas radicadas en la comunidad autónoma.
El control...y las competencias sancionadoras, que también ejecutan las Inspecciones Territoriales catalana y vasca.
Todas esas atribuciones pasarían a la nueva Unidad Especial en el caso de empresas con implantación en todo el Estado o en la mayor parte del mismo.
La única concesión hacia las autonomías que ya han recibido esas competencias sería la creación de una Delegación Especial de la Unidad en esos territorios para mejorar la coordinación con los equipos autonómicos de Inspección.
La supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social sigue en manos del Estado, en cumplimiento del principio de caja única.
Problemas en la vigilancia
La intención de Fátima Báñez es tener bajo su radar a todas las grandes empresas españolas, al menos a las que tienen repartidos centros de trabajo por todo el territorio.
Desde el Ministerio de Empleo, que dice haber comenzado ya a negociar este nuevo modelo de Inspección de Trabajo con las comunidades autónomas, se entiende que hay motivos suficientes para esta reordenación.
El primero de ellos, y el que a juicio del Ministerio más justifica la reforma, es garantizar la unidad de la acción inspectora en todas las comunidades autónomas y la aplicación uniforme de la normativa social y laboral en todo el territorio.
No tendría por qué no ser así. Los decretos de traspaso de competencias en materia de Función Pública Inspectora al País Vasco y a Cataluña preveían la constitución de sendos consorcios, que integraban en un único organismo los servicios estatal y autonómico con el objetivo de "garantizar el ejercicio eficaz de la función inspectora y su prestación coordinada".
Sobre el papel, cuando un equipo inspector detectara una irregularidad en una empresa tendría capacidad para actuar, independientemente de que fuera sobre una cuestión de competencia autonómica o estatal, y daría cuenta de las irregularidades detectadas en un solo informe. Luego, correspondería a cada Administración tomar las medidas oportunas.
La realidad, sin embargo, es que este sistema cooperativo no parece haber funcionado muy bien. Tras analizar el desarrollo de la Función Inspectora en las autonomías dónde se han producito traspasos (País Vasco y Cataluña), el Ministerio de Empleo ha detectado que se ha producido una parcelación de la función inspectora.
¿Qué significa esto? Pues que, según ha detectado Empleo, en Cataluña y el País Vasco los órganos de Inspección han acabado volcándose en controlar las cuestiones de competencia autonómica y orillando la supervisión sobre los ámbitos de competencia estatal.
El incentivo para hacer eso es grande. Al fin y al cabo, las arcas autonómicas sólo ingresan por las sanciones que se imponen en los asuntos de su ámbito competencial, en el resto el órgano competente para aplicar las sanciones es el Estado...
Además, esa distorsión amenazaba con extenderse. Aunque todavía no se hubieran formalizado los decretos de traspaso, los estatutos de autonomía de Andalucía y Aragón también preveían la recepción de competencias en materia de Inspección, lo que amenazaba con extender el problema detectado en Cataluña y País Vasco.
Empleo no quiere hablar de recentralización. "Se trata de una medida de racionalidad y mejora organizativa", aseguran, y para subrayarlo enarbolan una estimación que calcula que este nuevo modelo de Inspección generaría un ahorro superior a los tres millones de euros, la mayoría, eso sí, para el Estado.
No sólo se conseguirían con la creación de esta Unidad Especial. Habría otras medidas: control por parte de la ITSS de los planes territoriales y generales de objetivos, mayor participación de las comunidades autónomas en la actividad inspectora, creación de la Alta Inspección del Estado en materia laboral con capacidad para diseñar programas de intervención en todas las comunidades autónomas.
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/banez-maniobra-para-arrebatar-a-cataluna-y-pais-vasco-la-inspeccion-de-grandes-empresas_YuQjwi0QtVP2cdUPbSrvG3/
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