EXILI
La legislación contempla un plazo máximo de 60 días pero admite una prórroga justificada de otros 30
Las leyes alemanas castigan la alta traición para cambiar el orden constitucional y separar una parte del Estado
Fuentes de su defensa aseguran que Alemania tiene una legislación favorable a Puigdemont porque no contempla como tal el delito de rebelión.
Marcos Pinheiro
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| Carles Puigdemont, durante una de sus ruedas de prensa en Bruselas. EFE |
El proceso para que Alemania entregue a España a Carles Puigdemont, detenido este domingo tras cruzar la frontera con Dinamarca,
puede dilatarse unos tres meses. Ante su previsible rechazo a ser
extraditado, se abrirá un plazo de hasta 90 días para que las
autoridades judiciales alemanas comuniquen a las españolas su decisión
sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). A diferencia de las leyes belgas, las alemanas sí contemplan delitos
similares al de rebelión, cuyas penas superan en algunos supuestos los
10 años de cárcel.
Según la
legislación por la que se rigen la OEDE, si el detenido acepta la
extradición esta se produce en un plazo de 10 días. Si no, se abre un
periodo de 60 días para que las autoridades estudien si los delitos que
contiene la orden de detención están contemplados en sus leyes. Dispone
de una prórroga de otros 30 días por "razones justificadas". Las
autoridades judiciales alemanas tendrán que decidir si durante ese
tiempo Puigdemont debe permanecer preso o en libertad.
Bélgica le dejó
en libertad pero en Alemania no tiene residencia habitual, lo que
complica que pueda salir de prisión hasta que haya una decisión.
Puigdemont pasará en uno o dos días a disposición
judicial, donde rechazará su extradición inmediata y se decidirá sobre
su situación personal. A partir de ahí se fijará una fecha para que la
Fiscalía y la defensa del expresidente argumentan por
que debe o no ser
entregado a las autoridades españolas. Contra la decisión que tomen los
jueces alemanes cabe recurso, lo que alargará previsiblemente el
proceso.Alta traición por "separar una parte del Estado"
El código penal alemán recoge varios delitos contra su forma de Estado y
su constitución. En el capítulo "Alta traición" castiga a quien "con
violencia o por medio de amenaza de violencia" perjudicase la existencia
de la República Federal Alemana o cambiar su orden constitucional. La
pena en estos supuestos va de los 10 años a la "pena privativa de
libertad de por vida".
Otro
artículo castiga la Alta traición contra un estado federal, para quien
con violencia o su amenaza intente "separar una parte del Estado". La
pena en este caso es menor y va de uno a 10 años de prisión. En caso de
que no haya violencia, las penas oscilan entre los seis meses y los
cinco años de cárcel.
Las
leyes alemanas también recogen la posibilidad de que alguien solo haya
preparado esas traiciones a la Federación o contra un estado federal. En
el primer caso las penas van de uno a 10 años, y en el segundo de un
mes a cinco años de prisión.
Según fuentes de su defensa, Alemania es uno de los países que se
contemplaron en un primer momento cuando Puigdemont tomó la decisión de
salir de España.
Explican que el delito de Alta traición se pensó cuando
Alemania estaba dividida en dos, para evitar tentaciones de sumar
territorios a la parte del estado bajo control ruso. Indican que la
exigencia de que el delito se produzca contra la Federación alemana
reduce la posibilidad de que sea extraditado por delito de rebelión, y
que en ello basarán su defensa durante las próximas semanas.
OEDE junto al procesamiento
Solo hay tres posibilidades para que un país no ejecute una OEDE. Que
Puigdemont ya estuviese siendo juzgado por otro país miembros de la UE,
que su delito haya sido perdonado en base a una amnistía en el país de
la detención o que el acusado sea menor de edad. No se dan ninguno de
estos supuestos.
Bélgica empezó a tramitar la
OEDE, pero la dejó en suspenso cuando el caso pasó de la Audiencia
Nacional al Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena entendió que una
negativa de Bélgica podría perjudicar el caso y anuló la orden hasta que
la instrucción estuviese más avanzada.
Así, Llarena
ha decidido cursar de nuevo esa orden de detención tras dictar auto de
procesamiento contra Puigdemont y otros 24 imputados en la causa por el
1-O. El expresident está procesado por delitos de rebelión y
malversación de fondos públicos.
En resumen, el juez
acusa a Puigdemont de haber desoído las advertencias que le hicieron los
Mossos del "grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum".
Asegura que también conocía la gravedad de los incidentes que se
produjeron el 20 de septiembre en la Consellería de Economía, y a pesar
de ello siguió llamando a la movilización para el 1-O.
Junto a Oriol Junqueras, Joaquin Forn, los 'jordis' y otros
exconsellers, "llamaron a la población a la movilización e impulsaron un
operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones
partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la
fuerza policial del Estado".
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https://www.eldiario.es/politica/proceso-extradicion-Puigdemont-podra-dilatarse_0_753824847.html
