LAS CLOACAS DEL ESTADO
El ex fiscal jefe Anticorrupción y el hoy director del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado requirieron a Telefónica, saltándose a la jueza, datos personales de funcionarios y guardias civiles para acusarlos falsamente y así encubrir a altos dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid como Ignacio González y Francisco Granados. Moix era el fiscal superior de Madrid; Olivera dirigía la UDEF y tres años después pondría en marcha la 'brigada política' de Interior.
MADRID
Actualizado:
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| Manuel Moix, cuando era fiscal superior de Madrid, junto al expresidente de la comunidad Ignacio González / EFE |
Quizá sea el caso más
vergonzoso y delictivo de los ideados en las cloacas del Estado, ya que
no sólo se encubrió a políticos corruptos sino que para ello se destruyó
a funcionarios inocentes.
Los dos máximos responsables de combatir la delincuencia económica, en la Policía y en la Fiscalía de Madrid, actuaron fuera de la Ley –según ha podido verificar Público al
obtener los documentos originales– para encubrir a los líderes del PP
mediante un montaje jurídico-policial que provocó el encausamiento de
varios inocentes; funcionarios y guardias civiles cuyas carreras
quedaron arruinadas mientras se iban de rositas los verdaderos
cabecillas del escándalo del espionaje interno en el Partido Popular que
estalló en 2009.
La maniobra ilícita fue posible porque el entonces
fiscal superior de Madrid, Manuel Moix Blázquez, cumplió las
instrucciones del comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales (UDEF), José Luis Olivera Serrano, para investigar
selectivamente a esos guardias –que precisamente se habían negado a participar en la trama– y dejar
fuera de las pesquisas a los jefes de la Dirección General de Seguridad
de la Comunidad de Madrid, quienes ordenaron los seguimientos. Además estos últimos, Sergio
Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, encabezaban la lista de
denunciados –como se puede ver en el documento que se muestra en el
margen izquierdo [clicando en el extremo superior izquierdo, se amplía]– por
dos de las víctimas del espionaje: el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo
Vega y el consejero de Justicia Alfredo Prada Presa.
A pesar de que en la denuncia que origina la causa queda claro que los dos
