REPITE LA ESTRATEGIA DE LOS TERTULIANOS AFINES AL PP Aguirre se suma a la manipulación del caso de los ERE y multiplica por 20 el fraude denunciado por la propia Junta de Andalucía

JUEVES, 7 DE FEBRERO DE 2013
PERICO ECHEVARRÍA

La imperiosa necesidad del Partido Popular de manipular la realidad para convertir la corrupción que le afecta en una causa general contra todos los políticos, llevó ayer a la antigua ´lideresa´ madrileña, Esperanza Aguirre, a sumarse una estrategia que viene siendo habitual en los tertulianos afines a la derecha que pueblan las cadenas de la conocida como trinchera digital terrestre", consistente en difundir la mentira de que el fraude los ERE de Andalucía alcanzó los mil millones de euros.

Aguirre, que según si el viento sopla a favor o en contra, se declara política cuasi retirada o en activo, está estos días repartiendo una de cal y una de arena a los dirigentes del Partido Popular, como parte de lo que puede parecer una estrategia destinada a pasar factura a los desaires de Mariano Rajoy, por quien nunca se ha sentido apoyada la todavía presidenta de los populares madrileños, al tiempo que se significa, sin lograrlo, como una de las pocas dirigentes del partido no afectada, presuntamente, por sus escándalos de corrupción. Elude así sus responsabilidad, al menos in vigilando, de los casos que afectan a personas que han sido de su máxima confianza, como el ex consejero Alberto López Viejo, salpicado por la trama Gürtel, o su propio heredero, Ignacio González, en el ojo del huracán por su famoso ático de Marbella, entre otros muchos casos.

Así, la antaño lideresa y azote intermitente de Rajoy, afirmó ayer que el PSOE también está "en el punto de mira" por "una cuantía de mil millones de euros, dinero que han robado a los parados para dárselos a algunos con los que tenían amistad o afinidad política", en alusión al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía. En una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, Aguirre ha señalado así que el PP no está solo en ese "punto de mira" sino que los socialistas también lo hacen por el tema de los ERE o también CiU, "como consecuencia de unas concesiones que el fiscal considera irregulares y por las que ha pedido la imputación del secretario general".


Se trata, una vez más, de poner en marcha el ventilador para tratar de convertir la corrupción que afecta al Partido Popular en una causa general contra la clase política que diluya la complicada situación en la que se encuentra el Gobierno del PP como consecuencia de “los papeles de Bárcenas”, que, de demostrarse ciertos, evidenciarían que multitud de altos cargos del PP y del Ejecutivo se habrían beneficiado durante años de los sobresueldos no declarados y obtenidos, además, de donaciones realizadas por empresas que habrían sido favorecidas con concesiones y obras públicas de aquellas administraciones gobernadas por la derecha.

Pero lo cierto, y tanto el PP como sus tropa de tertulianos y columnistas lo saben de sobra, es que el escándalo de los ERE, con toda su gravedad y la necesidad de que se depuren todas las responsabilidades políticas y penales, ni por asomo tiene la envergadura que los populares tratan de hacer creer a la opinión pública.

Desde el año 2000 hasta que se conoció el caso, la Junta de Andalucía había subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. Muchas de ellas supervisadas, como es preceptivo, por el Gobierno central, en manos del PP durante cinco de los años que abarcan el fraude. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, que el PP bautizó como fondo de reptiles -en alusión al dinero que el canciller Otto Von Bismarck obtenía de sus víctimas de guerra y destinaba a propaganda y compra de voluntades- ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.

El fraude que dio pie al “escándalo de los ERE”, y que fue denunciado a la Justicia por la propia Junta de Andalucía, se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo. La investigación interna detectó 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo. De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas.

De esas 72 personas beneficiadas por prejubilaciones irregulares, ocho resultaron ser militantes del PSOE, y fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los ERE. Pero también se descubrió a personas ligadas al Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. Ramón Polo, exconcejal de La Carolina figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días. Entonces, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez pidió explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. Al más puro estilo popular, el presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió a Jiménez afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches era "una treta del PSOE". A Polo, sin embargo, no se le exigió, al menos públicamente, ninguna responsabilidad o la devolución del dinero obtenido, al tiempo que se trató de hacer creer a la opinión pública que no tenía vinculación alguna con el partido.

No es el único caso en el que personas del entorno del PP se han beneficiado del fraude de los ERE. Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 intrusos.

También el suegro del vicesecretario del PP y exministro de Tabajo Javier Arenas cobró de forma presuntamente irregular 120.000 euros del dinero objeto del escándalo. Un auto dictado por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las "cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público".

Y en la causa también está siendo investigada la empresa Construcciones Juan de Robles, propiedad de la familia de Fátima Báñez, ministra de Empleo del Gobierno del PP.

Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, que consta en la causa enviada a la jueza que abrió el caso por denuncia de la propia Junta de Andalucía, se calcula que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente 9 millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones. El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías.

AYUDAS FRAUDULENTAS A EMPRESAS

Dentro de la causa de los ERE se han incluido las irregularidades detectadas en las subvenciones otorgadas a empresas en crisis, que ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez. Este pudo otorgar 887 subvenciones de forma irregular, motivo por el que la jueza Alaya decretó su ingreso en prisión. Muchas de estas subvenciones, hasta 50 millones de euros, tuvieron como destino empresas ubicadas en municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE. Entre los imputados por el posible fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros.

Juan Francisco Trujillo, chófer del propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizado a sí mismo y a él, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína, copas y prostitución. Esta parte de la trama es la que tuvo en su momento mayor repercusión mediática.

En total, de confirmarse que el presunto fraude en las ayudas a empresas en crisis afectara a la totalidad de las subvenciones concedidas, la cantidad defraudada se situaría en torno a los 60 millones de euros. Un dinero que desde la Junta de Andalucía se pretende recuperar, además de haber prestado la necesaria colaboración a la Justicia para la persecución y condena de los implicados.

Sin embargo, el Partido Popular y sus satélites de la trinchera optan por ignorar estos datos y elevan el total del dinero destinado a los ERE y las ayudas, en torno a los 650 millones de euros, hasta los 1000 millones. También repiten hasta la saciedad que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta, multiplicando casi por veinte la cantidad realmente defraudada, ocultando siempre en sus declaraciones que, desde que se descubrió el caso, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la Justicia en la investigación de las irregularidades. Y que no se ha tratado de ocultar la gravedad de los hechos, o atribuirlos a conspiraciones externas, "intentos de lichamiento" o tramas "destinadas a desestabilizar" Andalucía, como ha hecho el Partido Popular en el caso de los papeles de Bárcenas, la trama Gürtel y otros tantos.

No son, pues, mil millones de euros lo que podrían haber sido objeto de fraude en el caso de los ERE, como desde el Partido Popular y los medios de comunicación afines a sus postulados, y ahora, y también, por parte la antigua lideresa, se pretende, sino una veinteava parte de esa cantidad.

Lo que no quita gravedad a los hechos, ni la necesidad de que la Justicia actue contra los responsables y les impoga las penas que correspondan, y que se asuman las reponsabilidades políticas a las hubiera lugar.

En cualquier caso, cabe recordar que los 22 millones que Luis Bárcenas ocultaba en una de las cuentas que se le han "pillado" en Suiza, podrían ser, presuntamente, sólo ‘su parte’, del botín total obtenido por las presuntas prácticas irregulares del Partido Popular, cuyo total podría dejar el caso andaluz, con toda su enorme gravedad, en ´pecata minuta´ al lado de la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia.

http://www.diarioprogresista.es/articulo.asp?idarticulo=23079