http://www.lasmalaslenguas.es/2009/08/03/los-casos-de-corrupcion-del-pp-la-corrupcion-que-el-partido-popular-quiere-ocultar-atacando-a-jueces-gobierno-fiscalia-y-policia/
CASOS DE CORRUPCIÓN ABIERTOS A FECHA DE MAYO DE 2007 Y POSTERIORES.
COMUNIDAD VALENCIANA:
ALICANTEAlicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para “calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público”.
Resultado elecciones municipales: PP 44% 15 concejales, PSOE 41% 14 concejales, IU 4% 0 concejales
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela,el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Resultado elecciones municipales: PP 44% 14 concejales, PSOE 22% 7 concejales, LOS VERDES 9% 3 concejales
Torrevieja: El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
Resultado elecciones municipales: PP 53% 14 concejales, PSOE 41% 14 concejales, IU 4% 0 concejales
Dolores: el alcalde de esta localidad, Gabriel Gascón Abadía (PP), está bajo sospecha. Se investiga la inscripción de unas viviendas a nombre de su madre por parte de una promotora.
EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como ‘Manhattan de Cullera’ cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN CASTELLÓN:
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, presentó cinco declaraciones de la Renta negativas, entre 2000 y 2004, que le supusieron una devolución de 14.482 euros entre 2000 y 2004, que le supusieron una devolución de 14.482 euros por parte de las arcas públicas.
En el mismo periodo, el presidente provincial del PP ingresó 714.565 euros en diversos conceptos.
Tiene 94 cuentas bancarias conocidas. En 1999, ingresó en ellas 600.000 euros de procedencia desconocida.
Ese mismo año, su patrimonio estaba valorado en 150.000 euros. Cinco años después, se había cuadruplicado hasta los 646.440 euros.Así lo revela la información aportada por los peritos de la Agencia Tributaria al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, que sigue una causa contra Fabra por supuestos delitos contra la Administración pública.
En concreto, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.TRAS CAMBIAR DE JUEZ OCHO VECES, NINGUNO QUIERE OCUPARSE DEL “CASO FABRA” Ningún juez quiere ir al juzgado de Nules que investiga el caso Fabra. El Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que la plaza de Nules ha quedado desierta por falta de peticionarios, y que el caso Fabra carecerá de juez titular hasta el próximo mes de julio. Un juez novato, recién salido de la carrera judicial, se hará cargo entonces del caso.
CASTILLA LEÓN ÁVILA:
Navas del Marqués: El proyecto para el complejo ‘Ciudad de Golf’ (1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas) en una zona protegida ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento (PP) y a la propia Junta (PP). El TSJ anuló las normas subsidiarias que calificaban estos terrenos como «suelo urbanizable delimitado» y los trabajos han sido paralizados cautelarmente por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
Resultado elecciones municipales: PP 61% 9 concejales, PSOE 33% 4 concejales
Villanueva de Gómez
Se ha aprobado el proyecto para levantar 7.500 viviendas y tres campos de golf en una zona de pinares especialmente protegida, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero no garantiza el abastecimiento de agua.
Resultado elecciones municipales: PP 4 concejales, PSOE 1 concejal
Guisando
El alcalde, José Luis Blázquez Jara (PP), ha sido denunciado por un proyecto urbanístico en el Parque Nacional de Gredos.
Resultado elecciones municipales: PP 4 concejales, PSOE 2 concejales, Tierra Comunera, 1
Cebreros
Presuntas irregularidades en la recalificación de unos terrenos adjudicados al promotor Enrique Ventero— relacionado con la ‘operación Malaya’— para la construcción de alrededor de 3.000 viviendas y un campo de golf.
Resultado elecciones municipales: PP 6 concejales, PSOE 5 concejales
Piedralaves
En este enclave que ya ha sufrido problemas de abastecimiento de agua, se proyecta la construcción del mayor complejo de turismo rural de Europa, campo del golf incluido.
Resultado elecciones municipales: PP 6 concejales, PSOE 5 concejales
BURGOS:
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido “clasificado como suelo rústico de protección natural” según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.
Resultado elecciones municipales: PSOE 52% 4 concejales, PP 45% 3 concejales
LEÓN:
El secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, presento su dimisión después de que se diera a conocer que una de las dos empresas que administra dos sociedades limitadas, una de las cuales promueve once plantas solares en Valladolid y León, lo que supone una inversión de seis millones de euros.
VALLADOLID:
Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.
Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).
SALAMANCA En el punto de mira está la operación de recalificación de suelo que pertenece al secretario general del PP en Castilla y León y consejero de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Las Peñiscas es ahora una zona de 32 hectáreas de labor agrícola con varios dueños. Entre las parcelas se encuentra la finca 19.320, con más de tres hectáreas, que fue adquirida por José Martín en 1956 y cedida en donación en julio del 2005 a sus tres hijos, entre ellos la mujer del consejero de la Junta. La calificación como suelo rústico de entorno urbano se mantuvo para este solar en la tramitación inicial del nuevo Plan General aprobado por consenso entre PP y PSOE en diciembre del 2004. Esta protección incluye la prohibición de construir viviendas. Sin embargo, ante una alegación de la propiedad colectiva del terreno, el grupo Popular del Ayuntamiento de Salamanca incluyó su recalificación a suelo urbanizable no delimitado. Este cambio pasa a dotar al terreno de una edificabilidad suficiente para construir 73 viviendas de 100 metros cuadrados cada una. Ello a pesar de que la opinión de los redactores del nuevo Plan General fue, según la memoria del documento, mantener en el año 2004 para esta zona la protección de suelo rústico.
ISLAS CANARIAS
Telde:El
presidente del PP en el municipio grancanario de Telde, José Luis
Sánchez González, fue detenido por su presunta relación con el caso Faycán
.Sánchez, que fue nombrado en sustitución de María del Carmen
Castellano, ex concejala del Ayuntamiento y arrestada también por su
presunta implicación en este caso, es el vigésimo sexto imputado en la
trama, en la que también están implicados al menos diez militantes del
PP, ocho de ellos ediles. la concejal Antonia Torres, del PP, está
acusada de cobro de comisiones.
La investigación del caso Faycán se
inició en julio de 2005, cuando un empresario denunció las extorsiones
sufridas para pagar comisiones al contratar con dicho Ayuntamiento
grancanario. El Juzgado número 3 de Telde, la Fiscalía Anticorrupción y
la Brigada Provincial de Información de la Policía mantuvieron bajo un
estricto control a los presuntos implicados en esta trama
político-empresarial para acreditar el trasiego de comisiones.Los
pinchazos telefónicos a lo largo de siete meses (en marzo de 2006 se
produjo la primera redada) revelaron cómo Enrique Orts (el interventor
municipal casado con la presunta jefa de la trama, la edil de Obras,
Toñi Torres) detallaba todos sus pagos por adjudicaciones de contratos
al recaudador de las comisiones, Francisco Gordillo, para que éste
pasase a cobrarlas a las empresas extorsionadas. Gordillo sugería a Orts
que acelerase o dilatase los abonos municipales a los contratistas
según convenía a su presión recaudatoria.
Caso Parques Eólicos:
Entre los arrestados figuran el ex director general de Industria del
Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la
filtración de información privilegiada, dos funcionarios, tres
empresarios, madrileños y canarios, y el directivo de un banco.La
policía detuvo en 2006 en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete
personas en relación con la supuesta trama vinculada con la Consejería
de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el
consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos.
La Oliva: El
fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado
una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de
Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del
territorio y desobediencia continuada.
Mogán: al alcalde Francisco González, fue detenido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). También la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García, dos empleados en activo y un funcionario jubilado.
Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan a esos cinco detenidos, según un comunicado del TSJC
Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan a esos cinco detenidos, según un comunicado del TSJC
Fuerteventura:
El presidente del PP en la isla, Domingo González Arroyo (PP), es
investigado por presuntas irregularidades en la concesión de licencias
urbanísticas. El consejero de Medio Ambiente, Lázaro Cabrera, también
está bajo sospecha por prevaricación. González está relacionado con un
presunto intento de soborno.
Firgas: Iimputado
por un delito de prevaricación urbanística y otro de daños contra el
patrimonio histórico al actual alcalde de Firgas, José Ramón Henríquez
Hernández (se presentó a las últimas elecciónes por CNN pero hasta
entonces perteneció al PP), a su antecesor Sebastián Arencibia Mejías
(PP) y a otras siete personas.Los miembros y ex miembros de la
corporación imputados son, además del actual alcalde Henríquez y su
antecesor Arencibia, los ex concejales Laura García Cerpa, Asunción Nuez
Arencibia y Amparo Santana Gil; el anterior secretario de la
corporación Humberto Cruz Marrero y el arquitecto del Ayuntamiento
Javier Cabrera Caravallo.MADRID
Valdemoro:
El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y
consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual
regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus
contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población
madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por
una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el
constructor David Marjaliza, según informó El País.
Brunete:
El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique
Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses
personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete
(Madrid).
Navalcarnero:
El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo
tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está
dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula
posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros
cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175
propiedades en la localidad, según El Mundo.
MADRID:
Caso Guateque. Los funcionarios imputados aceleraban la licencia de
apertura de locales a cambio de una comisión, logrando acortar los
trámites de forma espectacular. La trama llevaba operando desde que
Manzano (PP) ocupaba la alcaldía.El concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna que inició la campaña para pedir “primarias en el partido” fue imputado meses después.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor
de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para
edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes
García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción
tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un
aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio,
Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y
por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de
Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra
los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés – aparecidas en el diario El País
– desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la
aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en
2004.
Villanueva de la Cañada: El
alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de
los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que
apoyaron al ‘tránsfuga’ Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la
formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez.
Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses
después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio
suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses
por 2,5 millones, según El País.Resultado elecciones municipales: PP 38% 7 concejales, PSOE 25% 5 concejales, UNIO MALLORQUINA 16% 3 concejales, ENTESA NACIONALISTA 11% 2 concejales
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
Resultado elecciones municipales: PP 25% 5 concejales, PSOE 24% 4 concejales, CAN PICAFORT UNIT 22% 4 concejales, OTROS, 4 concejales
Campos (Mallorca) :Se investigan las licencias concedidas por el Ayuntamiento para levantar 67 apartamentos en Ses Covetes, en una zona protegida frente a la playa de Es Trenc. El tema fue denunciado por el Grupo Balear de Ornitología en 1994.Ses Salines (Mallorca)
Se investiga el intento de legalizar una vivienda privada a partir de una declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación de Caballistas local. La causa, en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá Vidal (PP) —que dimitió—, está pendiente de juicio.
Ciutadella (Menorca) :
Dos concejales (PP y PM) están imputados por presuntas irregularidades en una permuta de terrenos.
Sant Antoni de Portmany (Ibiza) :
‘Caso Cretu’. En 1999, un grupo ecologista denunció al entonces alcalde, Antoni Marí Tur (PP), por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés. La licencia fue declarada ilegal y el TSJ de Baleares (TSJIB) confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada. El Ayuntamiento presentó un recurso.
Sant Josep (Ibiza):
El alcalde, José Serra (PP), está denunciado por el Grupo de Estudios de la Naturaleza por prevaricación por la concesión de una licencia de obras en un terreno no urbanizable.
Santa Eulària (Ibiza):
El primer edil, Vicente Guasch (PP), está denunciado por IU —el caso está pendiente de juicio— por autorizar la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico.
CASO RODRIGO DE SANTOS DE DÍA, LA PEPERA DE NOCHE :
“Representamos una ideología y compartimos muchos de los valores ideológicos cristianos”, con estas palabras el ex teniente de alcalde de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma durante la pasada legislatura, Rodrigo de Santos, casado, y con varios hijos,cedía de forma gratuita al Obispado seis solares con un valor de mercado de más de cuatro millones de euros en Diciembre de 2005. Pocos dias después se gastó presuntamente 1.450 euros del erario público en “asuntos carnales”.
Caso Bitel:Damià Vidal, el ex director-gerente de la sociedad del Govern Bitel entre 2003 y julio del 2007, habría cobrado en su domicilio, y en varios bares de Palma, presuntos sobornos en metálico de varias personas que simularon hacer trabajos e informes para dicha empresa pública de telemática. Imputado por cuatro delitos penados con hasta 20 años de cárcel por malversar 700.000 euros-, dejó cientos de huellas electrónicas de muy dispares gastos de su vida privada, abonados con la tarjeta Visa de la compañía.
Caso Turismo Jove:
contratos irregulares, sobornos, facturas hinchadas, autoalquiler de oficinas y gastos privados con fondos públicos que afecta a 11 imputados, entre ellos cuatro ex altos cargos del PP.Prisión sin fianza para el principal implicado de la presunta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Jove, el ex jefe de Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, y prisión con fianza para el ex gerente, Damià Amengual. Cinco empresarios que han reconocido pagar sobornos y en el que se podrían haber malversado hasta tres millones de euros. Juan Francisco Gálvez director general de Juventud y coordinador general de NNGG en Baleares ha quedado en libertad sin fianza pero con cargos de malversación de fondos y falsificación documental, su esposa, María Auxiliadora Pérez, también está implicada.Los arrestados se enfrentan a acusaciones por delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.
MURCIA
Águilas:
El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno
murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en
una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100
viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania,
Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con
el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de
Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del
promotor, según informa El País
.Cartagena: El
fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300
plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado
por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar
Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por
permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo
Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran
recalificación.
Además, en Cartagena, la Asociación de
Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso
administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de
golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La
Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde,
Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente
por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación
de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será
urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres
principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e
Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
San Javier:
El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto
deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de
pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por
el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno
Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado
de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones
públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago
Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales
promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al
Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con
1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas,
un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros
cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo,
alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora.
Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño
(director general de Transportes y Puertos) también están imputados.Archena:
IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcald, Manuel Marcos Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros.
TOTANA:
Más de dos millones de metros cuadrados para recalificar. Un proyecto de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa. Una mordida en euros con al menos seis cifras. Y unas sospechas que apuntan directamente a un diputado regional del PP, Juan Morales.La juez indicó en su exposición motivada que Morales, que durante su etapa como alcalde llevó a cabo más de 50 convenios urbanísticos, cobraba comisión tanto a compradores como a vendedores de los terrenos. El “sindicato Manos Limpias” vinculado a la ultraderecha que supuestamente “luchaba contra la corrupción” fue pillado “con las falanges en la masa”
Cieza:
El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el ‘caso Golf Benís’, unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización.
Villanueva del Río SeguraEl alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el ‘caso Golf Benís’, unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización.
El primer edil, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia para construir la urbanización ‘Spa Valley’ en el paraje de La Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del río Segura.
ANDALUCÍA
EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
EN GRANADA:
Ogíjares:
José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo
en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17
octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante
las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el
municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de
los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la
fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado
en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de
alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña
electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por
un supuesto delito de malversación de caudales
públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una
presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido
al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional
por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una
investigación sobre la tramitación del polígono industrial de
Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
EN JAÉN:
Alhendín: El PSOE tiene
previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del
Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un
polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos
donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
EN SEVILLA:
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación
, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el
alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez,
habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la
recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en
Sevilla).
EN MÁLAGA :
Cómpeta:El
alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que
se enfrenta a la pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación por
conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.
Alhaurín el Grande:
El alcalde Juan Martín Serón y el concejal de Urbanismo Cristobal
Guerra (ambos del PP) fueron detenidos por un presunto delito de cohecho
horas después de la conversación que el segundo mantuvo
en su despacho oficial con un promotor con un proyecto en el municipio.
Este último la grabó, con permiso judicial, como denunciante y testigo
protegido.
GALICIA
PONTEVEDRA:
Tui.
La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en
diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el
juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano
Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un
desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el
municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la
recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán.
El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de
suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en
el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra
sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde,
Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico
de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos
, que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos
del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos
Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
A Estrada: La
Fiscalía pide 16 años de inhabilitación y una multa para el alcalde
Ramón Campos y 10 ediles del PP por presunta prevaricación urbanística
en los años 90, en relación con unas obras ilegales denunciadas por el
BNG. Además, la asociación de vecinos Aedru consiguió parar en 2005 el
Plan General de Ordenación Urbana denunciando numerosas irregularidades.
VIGO:La
fundación Provigo, la plataforma que aglutina a las principales
instituciones de la ciudad de Vigo estaba dirigida por Rubén López
cooperador necesario de un delito societario,
cometido en 2003, cuando estaba al frente del Instituto Ferial de Vigo
(Ifevi). El aún gerente de Provigo es un hombre de confianza del líder
del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
LUGO:La denominada operación Muralla,
que finalizó con la detención de una decena de personas vinculadas en
su mayor parte con la Diputación Provincial de Lugo, está atascada en el
juzgado y la fiscalía dos años después de que fuese llevada a cabo por
el anterior fiscal jefe de Lugo.Sus investigaciones pusieron al
descubierto dos supuestas tramas en el organismo provincial lucense. Por
un lado, la adjudicación de proyectos y dirección de obras a una serie
de personas presuntamente vinculadas con un estudio de ingeniería creado
por el que en su día fue jefe de Vías y Obras de la Diputación, Senén
Prieto Fernández, fallecido hace ya muchos años. Su desaparición no
evitó que el estudio siguiese funcionando y realizando los proyectos
que, según el ex fiscal de Lugo, conseguían varias personas que fueron
detenidas por entender que estaban vinculadas al citado despacho y
también al organismo provincial.
LA RIOJA
Lardero: El
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler
parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde
del municipio es accionista. Los dueños de las viviendas han denunciado
al ex-alcalde por haberles vendido las viviendas sabiendo que tenían que
ser demolidas. El acutal alcalde, también del PP, llegó al poder
gracias a una tránsfuga.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
ASTURIAS:
El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Emilio Noval,
difundió unas comprometedoras grabaciones de sus antiguos compañeros de
partido.En el vídeo inferior se pueden escuchar.
*Los casos de corrupción han sido extraidos de noticias publicadas en los diarios Público, El Mundo, 20minutos, y la web de la Cadena SER .
Falta la trama Gürtel: es que no cabía
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