La OSCE avisa de que la Ley de Transparencia que prepara el PP restringirá el acceso a la información

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIARIO PROGRESISTA

La representante de la OSCE para la Libertad de Prensa, Dunja Mijatovic, se ha mostrado decepcionada con la Ley de Transparencia recién aprobada por el Congreso en España y ha advertido de que en la práctica restringirá el acceso a la información.

"Esta ley impedirá a los periodistas llevar a cabo adecuadamente su labor de vigilancia del Ejecutivo y no está a la altura de los estándares internacionales", ha declararo Mijatovic en un comunicado publicado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y difundido también por la organización pro transparencia Access Info.

La representante de la OSCE ha recalcado que "negar el acceso a información gubernamental es una de las vías más comunes para reprimir la libertad de prensa", de modo que si la ley se adopta definitivamente derivará en un "mayor control de la información por parte de las autoridades".
Por ello, Mijatovic ha pedido a los senadores que tengan en cuenta este aviso cuando tengan que votar esta norma. La Ley de Transparencia pasará ahora distintos trámites en el Senado antes de ser aprobada definitivamente en las Cortes.

EL GOBIERNO PIDE A LOS DEMÁS GRUPOS QUE SE SUMEN
La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que esta ley "puede" y "debe ser" un "paso más" para conseguir "una democracia más fuerte". Además, invitó a todos los grupos de la oposición a sumarse a esta norma.

El pasado jueves, el Pleno del Congreso aprobó la ley con los votos de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Los socialistas, el grupo de Izquierda Plural (IU.ICV-CHA), Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo, Nueva Canarias y Geroa Bai se abstuvieron en la mayor parte del dictamen.

La mayoría de la oposición considera "desmesurados" los límites que se ponen al acceso a la información. Además de restringir el acceso a la información por suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites "los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".

Otro de los puntos que más ampollas ha levantado es el relativo al silencio administrativo negativo. De hecho, todas las minorías del Congreso han criticado que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender que su solicitud como rechazada.


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