El Gobierno recurre al chantaje: si comunidades y ayuntamientos no aceptan su reforma de las AAPP no recibirán ayudas del Estado

EL GOBIERNO DESARROLLA NUEVAS TÉCNICAS DE "NEGOCIACIÓN"

MARTES, 6 DE AGOSTO DE 2013
PERICO ECHEVARRÍA

El rechazo generalizado al proyecto de reforma de las Administraciones Públicas diseñado por el PP, ha llevado al Gobierno a desarrollar "nuevas técnicas de negociación" que pasan por ahogar financieramente a aquellos ayuntamientos y comunidades que no lo acepten excluyéndoles del reparto del Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, el Gobierno recurre a una suerte de chantaje con el que se dispone a cerrar la caja de todos los españoles a aquellos que no se sometan a sus dictados políticos. 

"Si no te apruebo el plan económico-financiero, no entras en el mecanismo de financiación, no entras en el FLA y no podrás acogerte a los programas de proveedores, y en consecuencia, si esto no se produce, ni comunidades autónomas ni ayuntamientos acomodarán sus niveles de gasto e incumplirán la Ley de Morosidad e incurrirán en las restricciones que se derivan de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

Con esta contundente advertencia, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha puesto encima de la mesa la nueva estrategia negociadora del Gobierno con comunidades autónomas y ayuntamientos, que tendrán que asumir los principios de la reforma de las Administraciones Públicas ideada por el Partido Popular, si quieren acogerse a los mecanismos de ayuda que ofrece el Estado, como pueden ser el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o los planes de pago a proveedores.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que admite que las medidas propuestas en la reforma de las Administraciones Públicas, aprobada hace un mes por el Gobierno, no son más que recomendaciones, ya que el Ejecutivo no puede intervenir en las competencias autonómicas o municipales, se dispone así a utilizar su capacidad de decisión sobre los planes económico-financieros de las comunidades y ayuntamientos para hacer que éstos apliquen la reforma que ha generado una enorme ola de rechazo, incluso en administraciones gobernadas por regidores de la propia derecha.

MECANISMOS PARA OBLIGAR SI FRACASA LA NEGOCIACIÓN

Beteta no se ha andando con rodeos y ha indicado que el Gobierno "por supuesto dispone de los mecanismos para pasar de lo que constitucionalmente no puede ser más que una mera recomendación" para obligar a aquellos que no comparten su proyecto. Beteta se refiere a la llave de la caja común de todos los españoles, que con sus declaraciones de hoy se ha mostrado dispuesto a cerrar hasta que el Gobierno logre el consenso necesario para imponer su discutida reforma. Reforma que, además, Beteta no ha dudado relacionar con la nueva Ley de Administración Local, que el Gobierno pretende aprobar a pesar del rechazo que también ha generado en la mayoría de las entidades locales de toda España, incluidas las del Partido Popular.

Aunque el proyecto de Ley apuesta por la fusión de municipios, el secretario de Estado ha dejado claro que no pretenden imponerlo como medida obligatoria. Eso sí, el Gobierno plantea un "proceso incentivado de fusiones voluntarias", tanto uniones políticas como uniones "mancomunadas" en la que dos ayuntamientos puedan compartir la prestación de servicios pero manteniendo su personalidad jurídica. En cualquier caso, Beteta ya dejado claro que dispone de las herramientas necesarias para estimular la voluntariedad de las fusiones.
 

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