El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha denunciado al expresidente de la Diputación,
José Luis Baltar,
por un delito continuado de prevaricación en la contratación de
personal. El escrito de acusación fue presentado ante el Decanato de los
Juzgados de Ourense el pasado 28 de diciembre y permanece a la espera
de que se le asigne un juzgado que investigue los enchufes masivos
realizados por el exbarón del PP gallego,
jubilado hace un año tras permanecer al frente de la Diputación de Ourense durante dos décadas.
El fiscal jefe ourensano asumió la investigación de los contratos
indiscriminados tras una denuncia del PSOE. Los socialistas llevaron al
exbarón a la fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de
influencias y malversación de fondos públicos. En esa denuncia detallan
que el cacique ourensano enchufó, al menos, a 115 personas en los días
previos al
último congreso provincial del PP
celebrado en enero de 2010. En ese congreso su hijo, José Manuel
Baltar, consiguió el 63% de los votos y sucedió a su padre en el cargo
tras enfrentarse al candidato impulsado por Rajoy y Feijóo, que
intentaron desalojar al barón sin éxito.
El PSOE asegura que hay más de 300 personas colocadas a dedo que
tienen relación familiar u orgánica con el Partido Popular. Baltar
reconoció en público ser un "cacique bueno" que colocaba a amigos y
familiares en el organismo público, fuertemente endeudado. En una comida
homenaje tras su jubilación, pagada a escote por los empleados
enchufados, el exbarón llegó a gritar durante su discurso “vosotros sois
mis trabajadores, no los trabajadores de la Diputación”.
El PSOE asegura que hay más de 300 personas colocadas a dedo que tienen relación familiar u orgánica con el Partido Popular.
El propio hijo de exbarón y actual presidente del organismo
provincial, Manuel Baltar, reconoce los enchufes masivos de su padre en
la memoria justificativa del
ERE público presentado hace unas semanas.
En el documento refrendado con su firma explica que “subsiste un
relativamente elevado volumen de trabajadores laborales indefinidos de
carácter no fijo, que no obtuvieron ese estatus mediante la superación
de un proceso selectivo reglamentario, sino por la indebida aplicación
de contrataciones temporales no justificadas”. Baltar hijo detalla que
los 32 despedidos ocupan “plazas cuya creación no respondió a la
planificación regular de las necesidades”.
El pasado mes de junio la Fiscalía Anticorrupción recibió en su sede
central de Madrid cientos de documentos, algunos de ellos de carácter
oficial, que acreditarían una supuesta cadena de irregularidades con las
que el exbarón habría forjado su poder. El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, anunciaba días después de que el EL PAÍS revelase
la existencia de la documentación, que la investigación era archivada
“por ser poco precisa”. La fiscalía ourensana reabre ahora el caso.
Baltar controló el partido con mano dura durante dos décadas. Llegó a
poner en jaque la mayoría parlamentaria del expresidente de la Xunta de
Galicia, Manuel Fraga, encerrando a seis diputados del PP ourensano en
un piso del centro de Ourense. Los diputados amenazaron con escindirse
de los Populares gallegos si Fraga no accedía a las demandas orgánicas
de Baltar padre. Y Fraga cedió.
"Familias enteras chupando del bote"
Baltar hijo evitó esta mañana el encontronazo directo con los medios
al no asistir a una convocatoria de prensa. En su lugar estuvo el
vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, que insistió en que
todas las contrataciones realizadas por el exbarón del PP gallego
"estaban bien hechas" ya que "nunca hubo problemas con la justicia". La
Diputación insiste en que "no tienen comunicación alguna" sobre la
denuncia más allá de lo publicado hoy en la prensa.
La secretaria de Organización regional del PSOE, María Quintas,
afirma que la denuncia presentada por su partido hace dos años es "la
punta del iceberg" de "una trama de corrupción organizada por el clan de
los Baltar". Y recuerda que "hay familias enteras del PP, incluida la
exmujer de Baltar hijo, chupando del bote" de la Diputación. También
matiza que, "con el máximo respeto a los tiempos” de la justicia, es
“escandaloso” que no se haya actuado antes.
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