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Justicia y el fiscal anticorrupción frenan el archivo del ‘caso Gürtel’
La Abogacía del Estado se opone a la nulidad de la instrucción por las escuchas de la cárcel
El juez Ruz rechaza el sobreseimiento del caso
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Camps y Rajoy en un mitin en Valencia en 2009. / CARLES FRANCESC
Cuatro años después del estallido del caso Gürtel,una trama de corrupción masiva vinculada a más de una decena de Gobiernos del PP
y numerosos dirigentes de ese partido político, entre ellos su
extesorero nacional, los abogados de los principales imputados —hay más
de 70 implicados en toda la causa— intentan el sobreseimiento de la
misma.
Los abogados se basan en las escuchas a los corruptos en la cárcel que ordenó el juez Baltasar Garzón, prorrogó el juez Antonio Pedreira, y los tribunales consideraron nulas un año después por vulnerar el derecho de defensa, dado que en muchos casos hablaban con sus letrados. Esa prueba nula, según los defensores del archivo del caso, contamina todas las demás pruebas en las que se sujeta la acusación.
Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye ahora la parte principal de esta causa, rechazó el pasado 17 de diciembre un nuevo recurso del abogado Ignacio Peláez pidiendo el sobreseimiento para su defendido, el empresario José Luis Ulibarri, imputado por delitos fiscales relacionados con la trama corrupta.
Este empresario logró, por ejemplo, una adjudicación de terrenos en Boadilla del Monte, municipio madrileño gobernado por el PP, a cambio supuestamente del pago de una comisión ilegal de tres millones de euros.
El abogado Peláez fue grabado en la cárcel cuando habló con el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. Por este motivo, se querelló contra el juez Baltasar Garzón, al entender que había ordenado unas escuchas ilegales que vulneraban el derecho de defensa. La querella acabó con la condena en el Tribunal Supremo a Garzón por prevaricación, lo que causó su expulsión de la carrera judicial.
Desde entonces, Peláez intenta en la Audiencia Nacional que se archive la causa contra su defendido, el empresario Ulibarri, argumentando, entre otras cuestiones, que las pruebas conseguidas contra él “son nulas y están viciadas por la forma en que se obtuvieron”.
Si la Audiencia Nacional aceptara el motivo de nulidad que alega el abogado Peláez, no solamente quedaría exculpado su defendido sino muchos otros y el caso Gürtel perdería todo el fundamento, pues en aquellas conversaciones de la cárcel, grabadas a partir del 18 de febrero de 2009, los jefes de la trama corrupta se referían a decenas de personas que están imputadas y sobre las que pesan numerosos indicios de delito.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, remitieron a mediados de diciembre sendos escritos al juez Ruz donde fundamentan su rechazo al sobreseimiento solicitado. “El alcance de la nulidad de esas pruebas”, esgrime el abogado del Estado Edmundo Bal Francés, “ha quedado ya determinado en esta causa penal y afecta a un mínimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido separado de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los indicios racionales de criminalidad que se le imputan [al empresario Ulibarri] no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas”.
“Resulta imposible una proyección de la nulidad hacia atrás”, señala por su parte el escrito de la Fiscalía, “es decir, a pruebas obtenidas con anterioridad a las conversaciones anuladas”.
El juez Ruz hace suyas estas argumentaciones para rechazar el archivo y mantener la imputación del empresario Ulibarri.
Entre las detenciones y registros de las sedes donde operaban los cabecillas de la red Gürtel, ocurridas el 6 de febrero de 2009, y la orden para la intervención de comunicaciones en la cárcel de los jefes de la trama (19 de febrero de 2009), pasaron 13 días. En ese periodo de tiempo, la policía intervino numerosa documentación, en la que se sostiene una parte principal de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Además, la investigación del caso se había iniciado al menos seis meses antes, con intervención de las comunicaciones de los sospechosos en las que se sostienen también muchas de las acusaciones. Junto a ellas, decenas de testimonios recabados en la causa sin relación con las escuchas en la cárcel suponen nuevos indicios sólidos contra los imputados.
El abogado Peláez presentó la semana pasada un nuevo recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Pablo Ruz. Hace solamente dos meses, los magistrados ya rechazaron un recurso similar del mismo abogado y por parecidos motivos.
Corrupción en AENA. La Audiencia Nacional investiga y mantiene imputados a ex altos cargos de AENA, el organismo aeroportuario y de navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento, por adjudicar contratos a dedo a las empresas de la trama Gürtel a cambio de comisiones ilegales. El ministro de Fomento en la época en la que ocurrieron los hechos, Francisco Álvarez Cascos, no está imputado en esta causa.
Expolio en la visita del Papa. El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para a El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para acreditar el amaño de un concurso que la televisión valenciana convocó para adjudicar la instalación de pantallas de televisión y altavoces en las calles de Valencia durante la visita del Papa. Una constructora leonesa sin ninguna experiencia en esos trabajos se llevó el contrato de 6,4 millones de euros; gastó tres millones en pagar a empresas subcontratadas y expertas y el resto lo repartió supuestamente entre la trama corrupta y los políticos que facilitaron el trabajo.
Cientos de contratos ilegales en la Comunidad de Madrid. Los últimos interrogatorios llevados a cabo por el juez Ruz durante el mes de diciembre en la Audiencia Nacional tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, muchos sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Todas las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez apuntan al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales.
Los abogados se basan en las escuchas a los corruptos en la cárcel que ordenó el juez Baltasar Garzón, prorrogó el juez Antonio Pedreira, y los tribunales consideraron nulas un año después por vulnerar el derecho de defensa, dado que en muchos casos hablaban con sus letrados. Esa prueba nula, según los defensores del archivo del caso, contamina todas las demás pruebas en las que se sujeta la acusación.
Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye ahora la parte principal de esta causa, rechazó el pasado 17 de diciembre un nuevo recurso del abogado Ignacio Peláez pidiendo el sobreseimiento para su defendido, el empresario José Luis Ulibarri, imputado por delitos fiscales relacionados con la trama corrupta.
Este empresario logró, por ejemplo, una adjudicación de terrenos en Boadilla del Monte, municipio madrileño gobernado por el PP, a cambio supuestamente del pago de una comisión ilegal de tres millones de euros.
El abogado Peláez fue grabado en la cárcel cuando habló con el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. Por este motivo, se querelló contra el juez Baltasar Garzón, al entender que había ordenado unas escuchas ilegales que vulneraban el derecho de defensa. La querella acabó con la condena en el Tribunal Supremo a Garzón por prevaricación, lo que causó su expulsión de la carrera judicial.
Desde entonces, Peláez intenta en la Audiencia Nacional que se archive la causa contra su defendido, el empresario Ulibarri, argumentando, entre otras cuestiones, que las pruebas conseguidas contra él “son nulas y están viciadas por la forma en que se obtuvieron”.
Si la Audiencia Nacional aceptara el motivo de nulidad que alega el abogado Peláez, no solamente quedaría exculpado su defendido sino muchos otros y el caso Gürtel perdería todo el fundamento, pues en aquellas conversaciones de la cárcel, grabadas a partir del 18 de febrero de 2009, los jefes de la trama corrupta se referían a decenas de personas que están imputadas y sobre las que pesan numerosos indicios de delito.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, remitieron a mediados de diciembre sendos escritos al juez Ruz donde fundamentan su rechazo al sobreseimiento solicitado. “El alcance de la nulidad de esas pruebas”, esgrime el abogado del Estado Edmundo Bal Francés, “ha quedado ya determinado en esta causa penal y afecta a un mínimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido separado de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los indicios racionales de criminalidad que se le imputan [al empresario Ulibarri] no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas”.
“Resulta imposible una proyección de la nulidad hacia atrás”, señala por su parte el escrito de la Fiscalía, “es decir, a pruebas obtenidas con anterioridad a las conversaciones anuladas”.
El juez Ruz hace suyas estas argumentaciones para rechazar el archivo y mantener la imputación del empresario Ulibarri.
Entre las detenciones y registros de las sedes donde operaban los cabecillas de la red Gürtel, ocurridas el 6 de febrero de 2009, y la orden para la intervención de comunicaciones en la cárcel de los jefes de la trama (19 de febrero de 2009), pasaron 13 días. En ese periodo de tiempo, la policía intervino numerosa documentación, en la que se sostiene una parte principal de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Además, la investigación del caso se había iniciado al menos seis meses antes, con intervención de las comunicaciones de los sospechosos en las que se sostienen también muchas de las acusaciones. Junto a ellas, decenas de testimonios recabados en la causa sin relación con las escuchas en la cárcel suponen nuevos indicios sólidos contra los imputados.
El abogado Peláez presentó la semana pasada un nuevo recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Pablo Ruz. Hace solamente dos meses, los magistrados ya rechazaron un recurso similar del mismo abogado y por parecidos motivos.
Cuatro años de expolios
Cuatro años después de que el juez Baltasar Garzón desarticulara una trama de corrupción masiva en instituciones gobernadas por el PP en al menos cuatro comunidades autónomas, ninguno de los principales responsables de la red corrupta permanece en la cárcel y la instrucción está lejos de terminar. El caso ha dejado ya dos condenados por cohecho: el exvicepresidente Víctor Campos y el ex alto cargo del Gobierno valenciano Rafael Betoret, que aceptaron haber recibido regalos de la trama corrupta —trajes, fundamentalmente— por su trato de favor en distintos contratos. En esa misma causa, el jurado absolvió por cinco votos a cuatro de los delitos de cohecho al expresidente valenciano Francisco Camps y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Las ramificaciones de la trama que dirigía Francisco Correa son múltiples y la instrucción de las distintas operaciones delictivas sigue su curso. Estas son las principales.Corrupción en AENA. La Audiencia Nacional investiga y mantiene imputados a ex altos cargos de AENA, el organismo aeroportuario y de navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento, por adjudicar contratos a dedo a las empresas de la trama Gürtel a cambio de comisiones ilegales. El ministro de Fomento en la época en la que ocurrieron los hechos, Francisco Álvarez Cascos, no está imputado en esta causa.
Expolio en la visita del Papa. El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para a El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para acreditar el amaño de un concurso que la televisión valenciana convocó para adjudicar la instalación de pantallas de televisión y altavoces en las calles de Valencia durante la visita del Papa. Una constructora leonesa sin ninguna experiencia en esos trabajos se llevó el contrato de 6,4 millones de euros; gastó tres millones en pagar a empresas subcontratadas y expertas y el resto lo repartió supuestamente entre la trama corrupta y los políticos que facilitaron el trabajo.
Cientos de contratos ilegales en la Comunidad de Madrid. Los últimos interrogatorios llevados a cabo por el juez Ruz durante el mes de diciembre en la Audiencia Nacional tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, muchos sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Todas las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez apuntan al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales.
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