EL GRUESO DE LOS AFECTADOS SIGUE SIN PROTECCIÓN El Gobierno frustra las expectativas creadas y aprueba un Decreto contra los desahucios con más ruido que nueces

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que pretende abordar el drama de los desahucios en España. Sin embargo, tras las expectativas creadas por este paso del Ejecutivo, forzado por la presión social, finalmente las medidas contempladas han sido calificadas como "insuficientes, cosméticas y limitadas" por la izquierda, los sindicatos y las organizaciones de afectados y consumidores. Al final, el Gobierno sólo se muestra ´benévolo´ con una mínima franja de afectados.

 En efecto, las condiciones y requisitos que plantea el PP para evitar que una familia acabe en la calle víctima de un desahucio son realmente draconianas. Tanto, que el PSOE, a pesar de la flexibilidad y buena voluntad mostrada en los días previos, ha dejado bien claro que se desmarca de este Decreto, que ni tan siquiera puede calificarse de “mínimos”. Así, para poder defenderse de la actuación de los bancos, la unidad familiar debe contar con unos ingresos inferiores a los 19.200 euros. Además, la vivienda deberá estar habitada por una familia numerosa o, al menos por una familia monoparental con dos hijos a cargo.
También podrían acogerse a esta medida si existen menores de 3 años, o alguno de los integrantes de la unidad familiar posee una discapacidad superior al 33% y, además, ha tenido dinero para poder acreditarlo, ya que estos reconocimiento se han encarecido de manera ostensible en muchas de las comunidades gobernadas por el PP.

Si se consiguen estos requisitos, los ‘agraciados’ podrán ‘disfrutar’ de una moratoria de dos años en la que no acumularán nuevos intereses por el impago de su hipoteca.
El resto de las actuaciones prometidas por el PP son puro humo y brindis al sol. En este capítulo de promesas sin contenido, fecha ni presupuesto, figuran la apelación a los bancos a que estimulen su lado más ‘caritativo’ y apliquen con ‘flexibilidad’ el el Código de Buenas Prácticas, otro fuego de artificio aprobado por el Gobierno en marzo pasado t que no ha servido absolutamente para nada.
Igualmente, el Gobierno promete dedicarse con denuedo a la labor aglutinar de manera ‘urgente’ un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras, especialmente las cajas intervenidas.
Además, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que "también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora --ahora en el 20 por ciento en muchos casos--, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias".
Pero, todo ello, por supuesto, se realizará “con calma” a lo largo de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos pero, precisó, "muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en negociación con los grupos".  Es decir que, en el mejor y más ágil de los casos, estas reformas anunciadas tardarán meses en concretarse en sede parlamentaria.