divendres, 6 de juliol del 2012

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ , SU ÁTICO EN MARBELLA Y SUS BOLSAS DE PLASTICO



IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ , SU ÁTICO EN MARBELLA Y SUS BOLSAS DE PLASTICO
MATERIAL DE LECTURA




LAS NOTICIAS, TAL CUAL
INTERIOR ADMITE QUE CESÓ AL COMISARIO POR INVESTIGAR EL ÁTICO DE GONZÁLEZ 
  • Fernández Díaz dice que "forma parte de la normalidad" el cese del jefe de la Policía Judicial
  • SUP: “Interior ha decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales” 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha vinculado el cese de José Enrique Rodríguez Ulla como comisario general de Policía Judicial con la apertura de una investigación sobre la propiedad de un ático alquilado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Marbella que fue archivada por la Fiscalía Anticorrupción hace un mes. 
El ministro ha reconocido que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le había "retirado la confianza" a Rodríguez tras la apertura de esta investigación, y una vez que la Fiscalía Anticorrupción había decidido su archivo "esa retirada de confianza se podía y debía materializar en un relevo". "De la misma manera que se les nombra porque se les considera las personas más idóneas para esas responsabilidades, cuando circunstancias diferentes lo aconsejan los relevos se hacen", ha explicado Fernández Díaz. 
El titular de la cartera de Interior también dijo en este sentido que el cese "forma parte de la normalidad". Fernández Díaz ha explicado que una vez la que Fiscalía Anticorrupción había archivado una "determinada investigación", en referencia al ático, "y por lo tanto no había lugar a realizar interpretaciones equívocas, esa retirada de confianza se debía materializar en un relevo", informa Europa Press. También se ha referido a su sustituto, José García Losada, del que ha dicho que tiene las "manos libres" para "proceder a la profunda remodelación" de este cuerpo. Ha añadido que García Losada está "plenamente capacitado" y "goza de toda la confianza del director general de la Policía y del ministro del Interior" para esa tarea. 
Una investigación policial “muy discreta y reservada” al ‘número dos’ de AguirrePor su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha manifestado esta mañana sobre la destitución del comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodriguez Ulla, que no tiene "ni conocimiento, ni opinión ni criterio" sobre este asunto. La Comisaría General de Policía Judicial ha sido la encargada de llevar a cabo una investigación sobre la titularidad del ático alquilado por González a instancias de una denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Durante su visita a un yacimiento arqueológico en Colmenar Viejo, informa Efe, González ha señalado que sobre esa decisión no tiene "nada que decir" y ha vuelto a tirar el balón al tejado de Jorge Fernández Díaz. "Se lo tendrán que preguntar al Ministerio del Interior", ha sentenciado. 
Por su parte, la comisión ejecutiva del SUP considera que la salida del comisario puede implicar que "España sea un país donde la corrupción puede campar a sus anchas", explica el sindicato policial mayoritario. "Responsables políticos del Ministerio del Interior han decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales en la referida vivienda de Marbella (de un millón de euros aproximadamente en dinero sin legalizar porque no hay escritura en España)", añade la nota en referencia al ático que alquila por 2.000 euros al mes el vicepresidente madrileño, Ignacio González, en una urbanización de lujo entre los municipios de Marbella y Estepona, en la provincia de Málaga. 
La policía judicial abrió en el verano de 2011 una investigación "secreta" sobre la posibilidad de que la vivienda en realidad fuera propiedad del número dos de Esperanza Aguirre. Según González, el propietario del ático de lujo es la empresa Coast Inversors. Pero en el Registro de la Propiedad aparece a nombre del propietario original, el empresario vasco que vive en Asturias, Javier Villate. Una persona que participó en la operación aseguró a esta redacción que el inmueble fue vendido al vicepresidente madrileño, pero que utilizó los servicios del economista Rudy Valner, que trabaja también para empresas del dirigente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Villate lo niega, y asegura desconocer por qué sigue siendo el titular del inmueble que alquila González. 
Las pesquisas de Marbella fueron archivadas en enero de 2012, tras el cambio de la cúpula policial de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy. El encargado de realizar la investigación en Málaga fue el entonces comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios. Este funcionario fue objeto de un expediente disciplinario por no custodiar los documentos, que fueron publicados por los medios de comunicación; y fue trasladado a una comisaría de distrito de Madrid. 
Tanto el ministro del Interior como el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciaron su intención de comparecer en el Senado para explicar todo el caso. Ninguno de los dos ha acudido todavía a la Cámara Alta. Mientras el primero aseguró inicialmente que la investigación no había sido iniciada posteriormente cambió su versión, asegurando que las pesquisas se habían iniciado de forma ilegal. 
Sin embargo, el expediente contra el excomisario de Marbella no se abrió por esta cuestión, sino por la mala custodia de los documentos secretos. "Mientras no se sepa quién es el dueño del ático de Marbella, el ministro del Interior y el director general de la Policía son sospechosos por omisión de no querer esclarecer dicho asunto, y si después resultara que el ático es fruto de una inversión de dinero ilícito deberán asumir la responsabilidad política y jurídica que les correspondiera", indica el comunicado del SUP, que completa: "Desde el SUP exigimos una Policía decente que cumpla la ley, y políticos decentes, y no cejaremos en el empeño de desenmascarar a los corruptos". 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/03/madrid/1341309090_550684.html 
DESTITUCIÓN POLICIAL POR EL CASO DEL ÁTICO EN MARBELLA DE GONZÁLEZ 
Interior aprovecha para hacer una “profunda” remodelación de mandos 
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, llevó ayer a cabo una remodelación de gran calado en su departamento ya que destituyó al comisario general de policía judicial, Enrique Rodríguez Ulla, que él había nombrado cuando el PP accedió al Gobierno hace apenas seis meses. En tan aparatoso cese pesa la notable “pérdida de confianza”, según fuentes próximas a la dirección, que se ha producido sobre dicho cargo en las últimas semanas. Tal crisis se cimentó, sobre todo, por la apertura de una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo que usa en Marbella Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de Esperanza Aguirre. Dichas pesquisas fueron abiertas por Rodríguez Ulla sin conocimiento ni autorización del director de la policía ni del director adjunto operativo, Eugenio Pino. 
Pero por encima de ese desaire lo que desagradó más en el Ministerio del Interior fue que Rodríguez Ulla ordenó abrir esa investigación oficial y secreta un mes después de que el Sindicato Unificado de Policia (SUP) le amenazara por carta con llevarle a los tribunales si no lo hacía. En dicha misiva, el sindicato policial amagaba con denunciar a aquellos mandos policiales que dejaban de hacer su labor por lograr un puesto de trabajo para un pariente. Este diario ha comprobado que Rodríguez Ulla mantuvo una entrevista con el exsubgobernador del Banco de España, Javier Ariztegui, para interesarse por el porvenir en dicha institución de su hija, becaria en dicha entidad. Ariztegui le despachó con un mensaje nítido: “La ley es igual para todos en el Banco de España. La única vía para conseguir un empleo es hacer y ganar una oposición”. 
Destituido el comisario que abrió el caso del 'número dos' de Aguirre 
Este hecho, conocido y confirmado posteriormente por la dirección de la policía, es considerado como el elemento coactivo que pudo servir de estímulo a la investigación abierta por Rodríguez Ulla al mes de recibir la amenaza del SUP de desvelar sus gestiones personales. Rodríguez Ulla ha declinado contestar todas las llamadas de este diario para explicar tales maniobras. Interior le comunicó su cese ayer por la tarde. 
El cese de Rodríguez Ulla se produce tras comunicar el viernes la Fiscalía Anticorrupción que archivaba la investigación abierta por tal comisario. Es el segundo archivo que decreta tal institución sobre el ático de González, y se presume que acarreará el cese de las pesquisas policiales. La primera vez Anticorrupción rechazó una denuncia del SUP. Este sindicato consideró ayer muy sospechoso este cese justo después de que se iniciara la investigación oficial. 
También cae el policía que dirigía la unidad de élite que investiga Gürtel 
Ignacio González siempre ha defendido que es mero inquilino de dicho inmueble (2.000 euros al mes por un ático de más de 400 metros) mientras los informes extraoficiales de la policía y las denuncias del SUP ponen el acento en que su aparente propietario, la firma Coast Investors de Delaware que gestiona el abogado Rudy Valner, es solo un testaferro. González reta a que se demuestre que posee tal ático y afirma disponer de toda la documentación sobre los pagos de su alquiler. Valner declina dar datos y precisa que lo alquila a la esposa del vicepresidente madrileño. 
En la guerra abierta entre clanes de la policía se atribuye a Rodríguez Ulla estar en el punto de mira del PP, que le presionaba para que desmantelara la investigación sobre Gurtel. La dirección de la policía niega ese argumento pero no oculta el malestar por las continuas filtraciones que persisten en torno a tales diligencias. 
En este contexto, cae también una de las bestias negras del PP, el comisario José Luis Olivera, hasta ahora jefe de la UDEF, la unidad de elite policial contra la corrupción que investiga Gurtel. Este veterano comisario, curtido en operaciones como el caso Malaya, dirigirá ahora el CICO, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. 
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/02/actualidad/1341257189_277262.html

600.000 euros en negro en la compra del lujoso ático que la Policía atribuye a Ignacio González

 Todo es opaco alrededor del ático que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, tiene 'alquilado' en la localidad malagueña de Estepona. La investigación policial ha descubierto ahora que al venderse a una empresa radicada en un paraíso fiscal se pudieron pagar 600.000 euros en negro. Mientras la inmobiliaria que participó en la operación habla de 1,2 millones de euros, el promotor dice que el precio escriturado fue inferior a la mitad. Este viernes, se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE el archivo de las pesquisas alrededor de González y el ático en Málaga iniciadas tras la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El sindicato actuó en protesta contra la acusación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien en abril tildó de “irregular” la investigación inicial de la Policía sobre la dudosa propiedad del inmueble.

Las declaraciones, ayer, del promotor del ático
La Policía había tomado ayer declaración a Javier Villate, promotor de la urbanización donde se encuentra situado el ático, para que explicase la diferencia de precio existente entre lo declarado ante notario y el precio confirmado por la inmobiliaria que intermedió en la operación, según informó El Mundo.

Inscrito aun a nombre del promotor
El inmueble, que el vicepresidente madrileño utiliza durante todo el año, según él en calidad de alquiler, aparece aun inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor Javier Villate, a pesar de que este lo vendió a la sociedad Coast Investors, una empresa radicada en el paraíso fiscal de de Delaware y administrada por el abogado norteamericano Rudy Valner, que se publicita como testaferro profesional.

Una comisión a González
Los investigadores creen, no obstante, que el propietario real del ático es el número dos de la Comunidad de Madrid y que la sociedad Coast Investors es una tapadera. Un imputado en el caso Gürtel aseguró que el inmueble fue un pago en concepto de comisión hecho por el empresario Fernando Martín como contraprestación por haberle favorecido en la compra de unas parcelas a bajo precio en la localidad madrileña de Arganda.

La Policía advirtió de blanqueo de capitales
La Policía ya había advertido de indicios de blanqueo en la compra del ático, al incluir en un informe que la operación no se comunicó al Banco de España, a pesar de que se utilizaron divisas, ni tampoco el Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), trámite que corresponde a los notarios que intervienen en la operación.
http://www.elplural.com/2012/06/29/600-000-euros-en-negro-en-la-compra-del-lujoso-atico-que-la-policia-atribuye-a-ignacio-gonzalez/
Indicios de blanqueo en la compra del ático de Marbella atribuida a Ignacio González

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha corregido al director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, quien negó que se esté investigando al vicepresidente madrileño, Ignacio González, por un ático de lujo en Marbella, adquirido supuestamente por éste gracias a una comisión urbanística. A la afirmación de Cosidó de que “la denuncia hace referencia a un inmueble” y no al ‘número dos’ de Aguirre, los policías han respondido que “los inmuebles no cometen delitos y no se les aplica el Código Penal y que se investigan para aclarar si su dueño sí pudiera haberlos cometido”.
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El número dos de Aguirre no solo habría aprovechado su buen contacto con la empresa Martinsa para cerrar un ventajoso negocio que le habría propiciado, presuntamente, un lujoso ático de 495 metros cuadrados en una exclusiva urbanización marbellí, en pago de una comisión por favorecer a la citada firma en la venta de una parcela municipal en Arganda del Rey, según las investigaciones policiales llevadas a cabo hasta el momento. La Policía ve, además, indicios de blanqueo de capitales en esa operación.
La compra no fue comunicada al Banco de España
El Mundo publica hoy que la compra de la vivienda no fue comunicada al Banco de España, como está indicado cuando hay tráfico de divisas, teniendo en cuenta que el ático habría sido adquirido presuntamente por la empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Según la investigación, esta firma habría actuado como tapadera de González.
No se reportó a Prevención de Blanqueo
De acuerdo con la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), la operación tampoco habría sido reportada al Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), trámite que corresponde a los notarios que intervienen en la compraventa. Por otra parte, la operación no se habría elevado a escritura pública por lo que continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor, Javier Villate Pérez.
Un alquiler de 2.000 euros
Ignacio González ha negado que él sea el propietario de la vivienda e insiste en que la mantiene alquilada. “Pago 2.000 euros cada mes” alegó el número dos de Aguirre, que recibe un sueldo mensual de 5.500 netos.
La acusación del ministro contra la Policía
Antes que Cosidó, el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, echó un capote a González, en abril pasado, al afirmar que la investigación sobre González se había realizado de manera ilegal, durante el Gobierno socialista. Según dijo el ministro, la Dirección General de la Policía abrió un expediente informativo y de las investigaciones que se han efectuado hasta este momento se desprende claramente que a finales del mes de julio de 2011 y oficializado en fecha 4 de agosto de 2011 se ordenó al margen de los registros y protocolos de intervención establecidos en la DGP una investigación sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y que no habiendo comprobado la existencia de ningún indicio de delito, se dio por cerrada esa información”.
La denuncia del SUP ante la Fiscalía
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) negó que la investigación hubiera sido irregular y plantó cara al ministro, al pedir a la Fiscalía Anticorrupción una investigación sobre el ático marbellí, que el Ministerio Público ha admitido.
http://www.elplural.com/2012/06/20/indicios-de-blanqueo-en-la-compra-del-atico-de-marbella-atribuida-a-ignacio-gonzalez/

EL SUP DENUNCIA A ANTICORRUPCIÓN LA VENTA DE LA CASA QUE ALQUILA GONZÁLEZ 

  • El sindicato policial pide que se investigue el origen del dinero
  • El ático, de 1,3 millones, lo compró una sociedad de Estados Unidos
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que alerta de la existencia de "una operación de movimiento de dinero de dudoso origen" en la compraventa del inmueble que el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, asegura tener alquilado. 
El principal sindicato policial explica así la operación en la denuncia: "A través de una inmobiliaria del centro comercial Guadalmina, interviniendo Marisa Berri, un ciudadano extranjero, que se autopromociona como fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de una sociedad off shore llamada Coast Inversors, radicada en Delaware (Estados Unidos), adquirió un ático y tres plazas de garaje por un precio que supera el millón de euros, siendo el vendedor Pedro Javier Villate Pérez". 
El sindicato policial subraya, además, que la operación no figura inscrita en el Registro de la Propiedad, "ni aparece declarada la entrada de tan significativa cantidad ante el Banco de España, ni por tanto el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) ha verificado el correcto movimiento". Asimismo, Sánchez Fornet recuerda que el vendedor, que sigue manteniendo la propiedad en el registro, aseguró a EL PAÍS que el nuevo propietario [Coast Inversors] tal vez no lo habría inscrito "por tema de impuestos". 
La denuncia incluye otros datos que podrían resultar importantes para su investigación, como por ejemplo que los gastos de comunidad del ático que González asegura tener alquilado entre Marbella y Estepona (Málaga) se abonan desde una cuenta concreta del banco Lloyds TSB Bank de Londres. "Dado que de nuestras informaciones se desprende que pudieran haberse producido hechos delictivos, tanto por el origen del dinero como por la clara ocultación de la verdadera identidad del auténtico propietario, así como por la ocultación total ante Hacienda Pública, Banco de España y demás organismos que deben regular el movimiento de capitales en el territorio nacional, se pone en conocimiento de su autoridad", expresa la denuncia del SUP. 
www.elpais.es 24.04.12

Ignacio González fuerza la imputación de una periodista de la SER que reveló el supuesto caso de espionaje político en Colombia


La periodista Pilar Velasco tendrá finalmente que comparecer este viernes ante el juez instructor acusada de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos

La imputación se produce tres años después de que la Cadena SER emitiera en su página web el contenido de un vídeo que se le realizó a Ignacio González (vicepresidente de la Comunidad de Madrid) durante su viaje a Cartagena de Indias. Se trata de una grabación polémica en la que se ve al vicepresidente de la Comunidad con otras dos personas, todos ellos con unas bolsas de plástico en las manos cuyo contenido, hasta la fecha, se desconoce.
En contra del criterio sostenido por la Fiscalía durante todo este tiempo y por el propio juez, que hasta en dos ocasiones ha denegado a Ignacio González su pretensión de que se imputara a la periodista, la Audiencia Provincial ha accedido a la petición del político madrileño. Los abogados de Ignacio González sostienen que la periodista era consciente de que el vídeo había sido grabado de modo ilícito cuando decidió publicarlo y que se lo proporcionó uno de los empresarios imputados en el presunto caso de espionaje político.
A pesar de que Pilar Velasco se acogió en todo momento a su derecho a no revelar las fuentes de la información durante sus dos declaraciones como testigo; a pesar de que todo lo publicado era veraz, como admite el propio González; y a pesar de que ya otros medios habían publicado con anterioridad fotogramas de ese mismo vídeo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha insistido durante todos estos años en acusar a una única periodista, e incluso sostener que la decisión de emitir el vídeo la habría tomado la propia Pilar Velasco sin contar con la dirección de la Cadena SER. Una afirmación, que para cualquiera que conozca el funcionamiento de los medios, es algo impensable y que en cualquier caso falta a la verdad. Se contradice además la acusación de González cuando afirma que su viaje era privado y asegura luego en al menos dos ocasiones en los escritos presentados ante el juez que era un viaje oficial como responsable del madrileño Canal de Isabel Segunda.
La Cadena SER ha colaborado en todo momento con la justicia en la instrucción de este caso, y entregó el contenido íntegro del video al juez después de que el propio González confirmara que era él la persona que se veía en esa grabación. Los servicios informativos de la Cadena SER siguen convencidos que la emisión del video era una noticia de interés público que fue tratada con el mismo rigor con que se han tratado todas las informaciones que hasta el día de hoy siguen girando en torno a la figura de Ignacio González.
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ignacio-gonzalez-fuerza-imputacion-periodista-ser-revelo-supuesto-caso-espionaje-politico-colombia/csrcsrpor/20120418csrcsrsoc_2/Tes
IGNACIO GONZÁLEZ: "NO SE PUEDE VIVIR EN UN ESTADO POLICIAL" 
El vicepresidente madrileño rompió su silencio para solicitar al Ministerio del Interior que aclare "cuanto antes" las circunstancias de las pesquisas policiales 
El vicepresidente madrileño, Ignacio González, rompió ayer su silencio en relación a la investigación realizada por la policía sobre su presunta vinculación con la operación de Martinsa en Arganda del Rey, investigada en el caso Gürtel. Y lo hizo para solicitar al Ministerio del Interior que aclare "cuanto antes" las circunstancias de las pesquisas policiales que fueron interrumpidas tras el cambio de Gobierno. 
Ignacio González, en Collado Villaba, lamentó la intervención policial asegurando a TVE: "No se puede vivir en un estado policial en donde la policía pueda actuar, o algunos policías, al margen de los procedimientos legales, vulnerando los intereses de los ciudadanos". 
La versión del vicepresidente contrasta con la de los representantes de los dos principales sindicatos policiales, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP), que defienden la legalidad de las actuaciones policiales. 
En ese sentido, los responsables del SUP se pondrán en contacto con la Dirección General de la Policía para interesarse en cómo se aplica en la práctica operativa la manifestación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que no se puede hacer ninguna indagación sin antes pasar por el juzgado. 
www.elpais.es 17.04.12
TRASLADAN AL COMISARIO QUE INVESTIGÓ A GONZÁLEZ 
El agente trabajará una comisaría del distrito de Madrid 
Las fuerzas de seguridad tratan de determinar si las pesquisas fueron “ilegales” 
La Dirección General de la Policía (DGP) ha comunicado al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, a quien sus superiores encargaron investigar si el vicepresidente regional, Ignacio González, era el propietario del dúplex que asegura tener alquilado en Guadalmina (Estepona), que será trasladado a una comisaría de distrito de Madrid, según fuentes policiales. Hermes de Dios participó ayer en una reunión de asuntos internos, cuyos agentes tratan de determinar si las pesquisas fueron “ilegales”, tal y como dijo Interior. 
www.elpais.es 17.04.12
UNA INVESTIGACIÓN POLICIAL “MUY DISCRETA Y RESERVADA” AL ‘NÚMERO DOS’ DE AGUIRRE 
Agentes de policía relacionan al número dos de Aguirre con Gurtel en informes sin membrete que no llegaron al juez 
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de su presidenta, Esperanza Aguirre, fue objeto durante medio año de una investigación policial “muy discreta y reservada” sobre el origen de su patrimonio y su presunta relación con el caso Gürtel. El Ministerio del Interior negó el mes pasado que se hubieran producido tales pesquisas, asegurando que no aparecían en los registros de investigaciones, pero finalmente las ha reconocido y las ha calificado de “ilegales”. EL PAÍS ha tenido acceso a media docena de informes policiales del caso, fechados entre agosto y diciembre de 2011. Todos ellos, sin membrete oficial ni firma de sus autores, llevan este doble encabezamiento: “Diligencias Indagatorias. Informe Gürtel”. Fuentes policiales al tanto de esa investigación aseguran que los documentos eran entregados al comisario Miguel Ángel Fernández-Chico, jefe policial de los agentes autores de las pesquisas y fallecido en enero. 
El origen de esta polémica, que ha puesto a González en el ojo del huracán, se remonta al viaje que el número dos de Aguirre hizo a Colombia en el verano de 2008, acompañado de un alto cargo de la constructora Martinsa. Meses después, se difundieron fotos y vídeos del viaje y González denunció haber sido objeto de un espionaje. Tres detectives privados acabaron imputados en la causa durante las investigaciones policiales al respecto. Fueron algunos de los policías que actuaban en esta causa los que creyeron descubrir que, al margen del espionaje en sí, había presuntas irregularidades en el patrimonio de González y por ello iniciaron esa investigación paralela preliminar, “discreta y reservada dada la importancia del objetivo”, como consta al menos en dos de los informes. 
En uno de esos informes, el policía autor explica que “un colaborador relacionado con la trama Gürtel ha comunicado que, en relación con la operación de Arganda [municipio madrileño en el que la trama cobró importantes comisiones por una venta municipal de terrenos a Martinsa] había sido fundamental la intervención de Ignacio González”. A partir de esa declaración, en al menos dos de esas “diligencias indagatorias” policiales se afirma: “Inmediatamente después del viaje a Colombia de Ignacio González, se detectó su presencia en un inmueble de una urbanización de alto standing de la Costa del Sol”. Se trata de un amplio ático dúplex de 495 metros cuadrados en la urbanización Alhambra del Golf, en Guadalmina (Marbella). 
El vicepresidente madrileño pidió al juez cambios entre los investigadores 
Añade un informe de agosto que ese inmueble, con un precio de 1,35 millones de euros, se escrituró en 850.000 euros y que el resto se abonó en efectivo. “Una fuente consultada señala que esos fondos en metálico procedían de una cuenta corriente numerada de Fernando Martín [propietario de Martinsa] de las islas Caimán y que la escritura de compraventa no llegó a inscribirse registralmente”. El policía autor del documento agrega de inmediato esta precaución: “Datos a confirmar”. Ignacio González ha desmentido varias veces ser el propietario de ese inmueble y haber aceptado ninguna prebenda de Fernando Martín. 
Los agentes determinaron que la “aparente venta” de la casa se realizó con la inmobiliaria Villa Gest. El promotor de la urbanización, Javier Villate, a cuyo nombre continúa la casa que González asegura alquilar, responde a las preguntas de EL PAÍS: “Yo no he vendido la casa, un dúplex con sauna y piscina en la terraza, a González, sino a la empresa norteamericana Coast Investors”, al frente de la que aparece el ciudadano mexicano Rudy Valner. Además, Villate asegura desconocer el motivo por el que la sociedad de Delaware no ha escriturado la casa a su nombre: “No lo sé, será por motivos fiscales, pero no tengo ni idea. Yo no conocía a Ignacio González”, relató Villate, que fue el promotor de toda la tercera fase de la urbanización. Una persona muy cercana a la operación inmobiliaria, consultada por este periódico, desmiente a Villate, asegurando que este sí sabía que el comprador era González. 
Las diligencias indagatorias se daban al comisario Fernández-Chico
Fuentes que han seguido de cerca la investigación policial han asegurado a EL PAÍS que en las investigaciones sobre el patrimonio de González participaron agentes de Madrid y de Marbella. Esos agentes se entrevistaron con personas implicadas en el caso Gürtel, se desplazaron a Guadalmina para entrevistarse con el portero de la finca y con la inmobiliaria que la gestiona y contactaron con la oficina estadounidense que, según González, es la verdadera propietaria del ático. Se trata de la sociedad Coast Investors, constituida en Delaware (EE UU). Esas fuentes sostienen que, en el curso de las pesquisas, agentes de la policía se entrevistaron informalmente con el propio González. El vicepresidente mantiene que tiene alquilado el ático durante todo el año por 2.000 euros al mes, y está pensando en adquirirlo en breve al haber bajado los precios por la crisis. 
El portero de esa finca, David, aseguró, según el informe policial, y “de forma espontánea, que el ático del bloque 11 [el de González], en realidad pertenecía al vicepresidente de la Comunidad de Madrid”. La policía comprobó que Rudy Valner, de Coast Investors, era el encargado de pagar los gastos de la comunidad del ático y de tres plazas de garaje. 
En un documento se admite que las acusaciones están sin confirmar 
La policía contactó también con Isabel, una empleada de la empresa Golf Valley, que hasta julio de 2010 se encargó de la administración del inmueble. Esta mujer explicó a los agentes que era ella la que contactaba con Rudy Valner en Estados Unidos, “añadiendo que el resto de la oficina y otras personas de la propia urbanización sabían que este abogado americano era en realidad un hombre de paja, pero que el verdadero dueño del ático era un alto cargo de la Comunidad de Madrid”, según el documento. 
Los propios policías autores de un informe fechado en agosto del año pasado señalaron: “Por la superioridad, interesa: gestionar la capacidad probatoria de esta información antes de judicializarla. Actuar de manera muy discreta (…) previniendo que trascienda a los medios de comunicación en perjuicio del investigado”. Los policías cruzaron los datos obtenidos con otras pesquisas obtenidas tras la declaración de un testigo de Arganda. “Ignacio González habría recibido por su implicación en el tema de Arganda unos dos millones de euros”, indicaba el documento policial. 
El ministro del Interior explicará de nuevo la operación policial 
Ninguna investigación policial o judicial oficial posterior ha ratificado esa acusación. Tampoco periodística. 
En este punto, la investigación del espionaje en Colombia que se inició con la denuncia de Ignacio González sufrió un parón. El cambio de Gobierno, el pasado 20 de noviembre, coincidió con los últimos informes sobre González, que según agentes que participaron en la operación no había finalizado. 
Según explica ahora un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) citando al propio magistrado, cuando finalizó la investigación del espionaje por el viaje a Colombia con la Policía Judicial de los juzgados, el juez recibió una petición por escrito del propio Ignacio González. El vicepresidente madrileño solicitó ahí que se averiguara aún más sobre ese caso, principalmente quería saber quién pagó a esos detectives. Según el juez, el vicepresidente pidió que la investigación fuera retomada por la Policía Científica y la Comisaría General de Información en el punto en el que la tenía en ese momento la UDEF (Policía Judicial). González reclamó ahí que la investigación la dirigiera el comisario Enrique Barón, ahora al frente de esa unidad de información y que hasta antes de las elecciones generales había ejercido como director general de Seguridad en el Gobierno de Aguirre. 
El juez accedió a esta petición hace dos meses, aunque a fecha de hoy todavía está a la espera de recibir los informes. Fuentes del caso aseguran que la gestión solicitada al departamento de Barón está relacionado con la Interpol. 
El último informe de los que tiene este periódico se fecha en diciembre, días antes de que Interior destituyera en enero a la mayoría de la anterior cúpula policial. El reciente viaje a Colombia por parte de Barón ha levantado las suspicacias sobre si acudió para investigar el espionaje a González. Estas suspicacias las cortó de raíz el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esta semana en el Senado: “Ese viaje tenía que ver con la supuesta relación de ETA con las FARC”, aseguró, porque si hubiera estado relacionado con esa investigación a González “no sería” comisario. 
Un portavoz de la policía dijo ayer que el viaje de Barón no tuvo nada que ver con el espionaje a Ignacio González: “Este tema no se trató en absoluto, sino que el viaje se realizó en el marco de una investigación de lucha antiterrorista”. 
El vicepresidente madrileño, Ignacio González, que desde un principio aseguró que el piso de Marbella no era de su propiedad, sino que pagaba 2.000 euros a una sociedad de Estados Unidos en concepto de alquiler, ha declinado hacer nuevas declaraciones a EL PAÍS, según una portavoz de su departamento. En todo momento, el número dos de Aguirre ha negado la existencia de las investigaciones, y se ha remitido a la declaración del ministro del Interior en el Senado en la que aseguró que los trabajos policiales realizados sobre González habían sido “ilegales”. El ministro volverá a la cámara Alta a explicar el caso, según ha solicitado el senador socialista Enrique Cascallana. 
www.elpais.es 13.04.12
MARTINSA LOGRÓ POR 77 MILLONES TRES FINCAS VALORADAS EN 100 
Una portavoz del vicepresidente madrileño asegura que no participó en la operación de Arganda 
La operación de Martinsa en el municipio madrileño de Arganda del Rey, por la que según el sumario del caso Gürtel el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, habría cobrado más de 12 millones de euros, consistió en que el Ayuntamiento de esta localidad del sur de la comunidad de Madrid adjudicó en 2004 a un bajo precio tres fincas municipales. El alcalde de este municipio era entonces Ginés López (PP), imputado en Gürtel. 
El sumario sobre la trama que ahora instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera al exregidor uno de los responsables de la adjudicación a Martinsa de unas parcelas municipales por un valor de 77 millones (66 en efectivo y el resto en especie) cuando un tasador municipal las había valorado inicialmente en 100 millones. Por eso los 77 millones, según los investigadores de la policía, fue muy bajo. Y para demostrar esta aseveración se explica que Fernando Martín, el dueño de Martinsa, logró vender meses después de hacerse con las parcelas un tercio de la superficie comprada por 73 millones de euros. Según la investigación judicial, el expediente municipal presentó algunas irregularidades, como por ejemplo la existencia de informes de empresas privadas que determinaron que Martinsa se hiciera con las fincas. 
En relación a esta operación, la mayor incluida en el caso Gürtel, están imputados entre otros el empresario Fernando Martín, el exalcalde Ginés López y el exdiputado regional popular Benjamín Martín Vasco. Un portavoz oficial de Fernando Martín ha asegurado a este periódico que toda la operación se hizo de forma legal. Asimismo, Martín aportó en sede judicial dos sentencias que según su versión demostrarían que el expediente municipal no fue alterado. 
Asimismo, fuentes cercanas al empresario gallego contradicen la investigación judicial y explican que la cifra de adjudicación no fue en 77 millones de euros, sino que esta supera los 100 millones de euros, porque hay que añadir el IVA y los proyectos de urbanización. Además, estas mismas fuentes relatan que de la venta de una parte de los terrenos tan solo se han cobrado 20 millones de los 73. El resto se irá percibiendo hasta 2013. Asimismo, el portavoz de Martinsa indicó que en ningún momento el Ayuntamiento tasó las parcelas en 100 millones de euros. 
En este sentido, una portavoz del vicepresidente madrileño, Ignacio González, aseguró a preguntas de esta redacción que Ignacio González no participó en la operación de Arganda del Rey. Además, también explicó que el consejero de Martinsa con el que viajó González a Colombia no tenía ningún cargo ejecutivo en la firma. 
www.elpais.es 14.04.12 
EL JEFE DE LA POLICÍA ERA HIJO DE UN AGENTE DE LOS ‘GRISES’ Y MILITÓ EN EL PCE
Hace unos meses encargó a policías de su confianza que averiguaran qué había de cierto en algunas informaciones que afectaban a Ignacio González 
Hijo de un agente de la Policía Armada (los viejos grises), Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz se afilió al Partido Comunista de España en su juventud y mantuvo esta militancia incluso siendo inspector jefe de la Policía. Falleció el pasado enero, apenas unos días después de haber sido relevado del cargo de director adjunto operativo de la Policía (número dos de la institución). “Fue un policía íntegro y demócrata, que murió con las botas puestas pese a padecer un cáncer desde hacía años”, recalca un amigo. 
Natural de Madrid, Fernández-Chico salió de la escuela de Policía en 1972 con la placa de inspector en el bolsillo. Fue destinado a la unidad de Policía Científica, departamento técnico al que iban a parar los agentes sospechosos de ser poco afectos al régimen franquista. Al ascender a comisario en 1991 fue trasladado a Algeciras (Cádiz). 
En 1994, la entonces viceministra de Interior, Margarita Robles, le aupó al puesto de comisario general de Seguridad Ciudadana, lo que entrañaba formar parte de la cúpula policial. Se mantuvo en el puesto hasta 1996, cuando el PSOE fue desalojado del poder por el PP. 
En 2004 fue nombrado número dos de la Policía por el ministro del Interior socialista José Antonio Alonso, cometido en el que continuó cuando Alfredo Pérez Rubalcaba se puso al frente de ese departamento ministerial. 
Demócrata convencido y de talante progresista, fue uno de los impulsores del sindicalismo en el cuerpo, formando parte de la clandestina Unión Sindical de Policía (USP). Cuando esta organización se disolvió y se integró en el SUP, Fernández-Chico dejó la actividad sindical: “Yo estuve en el sindicalismo como forma de traer la democracia a España y a la policía. Ahora que ya hay democracia, no tiene sentido que yo esté en el sindicalismo”, argumentó entonces. 
Hace unos meses encargó a policías de su confianza que averiguaran qué había de cierto en algunas informaciones que afectaban a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y como estas apuntaban hacia una lujosa vivienda de Marbella (Málaga), Fernández-Chico encomendó las indagaciones al comisario jefe de esa ciudad, Agapito Hermes de Dios. 
Hermes, que estuvo destinado en el palacio de La Moncloa durante el mandato de José María Aznar, no era un hombre de confianza de Fernández-Chico. Sin embargo, este decidió asignar las pesquisas al comisario en cuya demarcación está la vivienda en cuestión. “Mira a ver qué hay de esto”, le ordenó. El superjefe de la Policía actuó así deliberadamente para evitar cualquier suspicacia, incluso ocultando la existencia de este expediente preliminar al comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, que encabezaba la lucha contra los implicados en el caso Gürtel. 
El actual Gobierno del PP concedió el pasado enero, a título póstumo, la medalla de plata al mérito policial a Fernández-Chico. 
www.elpais.es 14.04.12
EL SINDICATO SUP: 'SE HABLARÁ EN EL FUTURO' DE LAS ACTIVIDADES PRIVADAS DE GONZÁLEZ 
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha negado que la investigación abierta sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fuera "ilegal", como aseguró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ha subrayado que pesquisas de este tipo son una práctica "habitual" en la Policía.  
En un comunicado, el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía reconoce que la investigación sobre González no estaba judicializada, pero no por ello fue ilegal y adelanta que de las actividades privadas del vicepresidente madrileño "se va a hablar mucho en el futuro".  
Asegura el SUP que si todas las pesquisas que inicia la Policía tras recibir una información o confidencia tuvieran que pasar por un Juzgado "no habría jueces bastantes ni multiplicando por cien mil el número de Juzgados". 
"Esto lo hacemos todos los días todas las policías de España y del mundo", insiste.  
Para el SUP, lo importante es conocer ahora todos los extremos sobre la investigación y sobre las noticias aparecidas en prensa acerca de las actividades del vicepresidente madrileño. 
"Hay que mirar la luna y no el dedo que la señala", ironiza el SUP, que afirma que de los detalles del caso "se va a hablar mucho en el futuro". 
El pasado martes, Jorge Fernández Díaz desveló que Ignacio González fue sometido entre finales de julio y principios de agosto de 2011 a una investigación "ilegal" que se cerró a principios de este año "sin ningún indicio de delito". 
Según informó el diario EL MUNDO, la Policía investigaba si un ático de lujo de casi 500 metros cuadrados en la Costa del Sol del que disfruta González puede ser el pago de una comisión, de acuerdo a una declaración de un testigo de la trama de corrupción 'Gürtel'. 
El vicepresidente salió al paso de esta información y tras negar que esté relacionado con la 'trama Gürtel' aseguró que el ático no es propiedad suya, sino que es alquilado y lo paga "conforme a lo estipulado" al propietario. 
En su comparecencia habitual de todos los jueves, el vicepresidente ha dicho que de la intervención del ministro de Interior se deduce que "no ha habido ninguna intervención ni policial ni judicial" contra él y que eran unas actividades "ilegales". Asimismo, ha precisado que el ministerio de Interior ya tiene avanzadas las investigaciones para saber quien ordenó las pesquisas. 
www.elmundo.es 12.04.12 
IGNACIO GONZÁLEZ CREE QUE ES EL MINISTRO DE INTERIOR QUIEN TIENE QUE DECIDIR QUÉ HACER SOBRE SU ESPIONAJE ILEGAL 
El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha señalado este jueves que es el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien tiene que tomar las decisiones oportunas después de saberse que se le investigó ilegalmente por parte de algunos policías el año pasado. 
Estas investigaciones ilegales estarían relacionadas con el entramado de la Gürtel y con el fin de saber si un piso que tiene el vicepresidente madrileño en Andalucía podría haber sido pagado con comisiones ilegales. El ministro compareció esta semana en el Senado para dar explicaciones al respecto. 
Por ello, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha indicado que él se remite a las declaraciones de Fernández Diaz, porque, a su juicio, han sido "bastante claras y contundentes", tanto las que ha hecho a los medios de comunicación como sus palabras en la comparecencia del Senado. 
González ha recordado que el ministro señaló que no ha habido "ninguna investigación policial y judicial" hacia el político madrileño "sino actuaciones ilegales llevadas a cabo por varios miembros de la policía sobre los cuales se ha abierto una investigación, que al parecer la tiene avanzada y dará cuenta oportunamente".  
En su opinión, "es el Ministerio de Interior el que tiene que actuar como lo está haciendo de manera adecuada el ministro y es a él al que le corresponde tomar las decisiones a este respecto". 
www.europapress.com 12.04.12 
GONZÁLEZ ATRIBUYE TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN “ILEGAL” AL PSOE 
Interior asegura que revelará todos los datos de la investigación "irregular" al vicepresidente 
La Defensora del Pueblo se plantea iniciar una investigación de oficio para aclarar lo ocurrido
Interior desvela que la Policía investigó "ilegalmente" a González  
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha atribuido esta mañana al anterior Gobierno socialista toda la responsabilidad de la investigación “ilegal” admitida ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Según el número dos de Esperanza Aguirre, es “una vergüenza” que en un Estado de Derecho las instituciones públicas se dediquen al seguimiento irregular de ciudadanos. El ministro ha reiterado esta mañana que conoce quiénes investigaron de forma "irregular" a González, pero que no desvelará "toda la información" sobre lo sucedido hasta que concluya el expediente abierto por la Policía. 
González ha considerado "extremadamente grave" la investigación, pero ha añadido que este tipo de actuación "desgraciadamente se reitera bajo los gobiernos del PSOE". Tras recalcar que el ministro dejó claro ayer que "no ha habido ninguna investigación policial ni judicial" sobre él, detalló que "al parecer sí ha habido alguna actuación ilegal de algunos policías, sobre la que se ha abierto una investigación y sobre la que se van a exigir las pertinentes responsabilidades". 
Según González, los gobiernos socialistas "nos tienen acostumbrados siempre a utilizar las instituciones para atacar a las personas, para conseguir el rédito político que no son capaces de conseguir en las urnas". Ha puesto como ejemplo casos como el de la atleta Marta Domínguez, sometida a escuchas telefónicas durante la operación Galgo que luego fueron anuladas, y ha incidido en que en su caso se han vinculado acusaciones "a una falsedad, con referencias al caso Gürtel, que es un sumario público, abierto, conocido por todos e investigado hasta la saciedad" y en el que "no existe ni una sola referencia" a su persona. 
La Policía negó la investigación
Frente a lo declarado por el ministro este martes en el Senado, el pasado día 23 la Dirección General de la Policía negó oficialmente a través de un comunicado que se hubiera producido dicha investigación. 
La declaración añadía que, en el caso de que algún agente lo hubiera hecho por su cuenta, se investigaría. La nota sostenía que en los registros de las investigaciones de la Dirección General "no aparece ninguna investigación" sobre Ignacio González. y añade que está comprobando "el origen y demás circunstancias" sobre la información publicada al respecto por el diario El Mundo. 
"En el caso de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de la autoridad judicial y de los procedimientos legales establecidos en el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de la Policía adoptará las medidas pertinentes", agregaba el comunicado. 
El vicepresidente no ha desvelado quién puede ser la persona que ordenó esa investigación ilegal, ni si emprenderá acciones legales por estos hechos, y se ha remitido a lo dicho por el ministro del Interior y a lo que concluya el Ministerio, en el que ha depositado su confianza para que ponga fin a "esas prácticas deleznables". Fernández Díaz aseguró ayer por la tarde en el Senado que el dirigente madrileño había sido sometido a una investigación "ilegal" al margen de los protocolos establecidos. 
"Al margen de los conductos oficiales" 
Hoy Fernández Díaz ha subrayado que "con total rotundidad" se puede afirmar que González fue investigado "al margen de los conductos oficiales" y que una autoridad policial de la Dirección General de la Policía Nacional "instó a otros policías a que le investigaran de forma discreta y confidencial". 
Dicha investigación, ha dicho el ministro, se cerró constatando que el vicepresidente madrileño no había incurrido en ningún delito. Como ya hizo ayer en los pasillos del Senado, Fernández Díaz ha vuelto a decir que "evidentemente" sabe quiénes son las personas que investigaron a González, pero ha reiterado que no puede revelar esta información porque está abierto un expediente informativo. "Cuando concluya el expediente será el momento de dar toda la información y adoptar en su caso la exigencia de responsabilidades que proceda", ha concluido. 
Por su parte, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha asegurado en Telemadrid que le preocupa "muchísimo" el asunto y se plantea iniciar una investigación de oficio para aclarar lo ocurrido. A su juicio, "es muy triste que esto le haya pasado al vicepresidente" madrileño. Cava de Llano ha reconocido que la investigación "ilegal" pone en riesgo el Estado de Derecho, porque en él no puede haber conductas "propias de un Estado Policial". "Yo voy a ver lo que hago, si iniciar una investigación de oficio para que se me aclare qué es lo que ha pasado", ha asegurado, para reiterar que "en un Estado de Derecho no puede haber conductas que no son propias de un Estado de Derecho". 
www.elpais,es 11.04.12 
EL PSOE ACUSA AL MINISTRO DE INTERIOR DE “ATACAR” A LA POLICÍA PARA PROTEGER AL ‘NÚMERO DOS’ DE AGUIRRE 
El PSOE ha exigido en el Senado la comparecencia urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que explique en la Comisión de Interior lo que considera “un ataque” a la Policía con el objetivo de defender a Ignacio González, ante las informaciones que han apuntado a una investigación policial al vicepresidente madrileño por la posible relación de una propiedad en Marbella y un presunto cobro de comisiones. 
La Policía investiga si el ático que ocupa Ignacio González en Marbella es una 'comisión Gürtel'
El ministro de Interior admitió el martes en el Pleno del Senado que existió una investigación policial sobre el número dos de la Comunidad de Madrid, como había adelantado el diario El Mundo, a pesar de el propio González la había negado con rotundidad, pero añadió que esas pesquisas se realizaron de manera “ilegal”, porque no fueron ordenadas por ningún juez, ni siguieron “los protocolos establecidos para realizarla”. 
La posible relación del ático de lujo y el cobro de una comisión 
La investigación policial trata de averiguar si un ático de lujo del que disfruta González en Marbella es en realidad de su propiedad y si podría haber sido el pago de una comisión ilegal. La vivienda está registrada a nombre de una empresa radicada en un paraíso fiscal. 
El PSOE denuncia que González se niega a dar explicaciones en la Asamblea 
El socialista Enrique Cascallana denunció, además, que “el PP ha impedido que González comparezca en la Asamblea de Madrid” y que este no ha querido facilitar su declaración de bienes. “El vicepresidente está inmerso en varios escándalos, como su relación con Martinsa, su viaje a Colombia o su ático de Marbella”, dijo el senador del PSOE antes de agregar que el ministro “parece querer ampararlo”. 
www.elplural.com 12.04.12 
INTERIOR DESVELA QUE LA POLICÍA INVESTIGÓ "ILEGALMENTE" A IGNACIO GONZÁLEZ 
El vicepresidente de Madrid quiere que se "sepa cuanto antes" quién encargó su seguimiento 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha desvelado esta tarde en el Senado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue investigado "ilegalmente" por la Policía entre julio y agosto del año pasado. El pasado día 23, la Dirección General de la Policía negó oficialmente a través de un comunicado que se hubiera producido dicha investigación y añadía que, en el caso de que algún agente lo hubiera hecho por su cuenta, se investigaría. 
"A finales de julio y principios de agosto se ordenó irregularmente a una autoridad policial que investigara de manera discreta a González. Esa investigación se cerró a principios de este año al no haber indicios de delito. Lo que vamos a investigar ahora es quien ordenó esa investigación ilegal", ha admitido Fernández, según el cual esa investigación ilegal se llevó a cabo sin que conste en los archivos de la institución. 
Horas antes, el propio González, ha señalado que quiere que se sepa "cuanto antes" quién estuvo detrás de otro presunto caso de seguimiento del que fue objeto en un viaje a Colombia. En cuanto al hecho de que sea el exdirector general de seguridad de la Comunidad, Enrique Barón, quien investigue desde la Policía Nacional el caso, según ha adelantado El Mundo, ha indicado que le "da igual quién tenga que llevar adelante" la investigación. 
La nota de la policía del día 23, decía que en los registros de las investigaciones de la Dirección General "no aparece ninguna investigación" sobre Ignacio González. y añade que está comprobando "el origen y demás circunstancias" sobre la información publicada al respecto. 
"En el caso de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de la autoridad judicial y de los procedimientos legales establecidos en el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de la Policía adoptará las medidas pertinentes", agregaba el comunicado. 
www.elpais.es 10.04.12
ENRIQUE CEREZO, EL PUNTO DE UNIÓN ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y RUDY VALNER 
El presidente del Atlético de Madrid preside una empresa en EEUU cuyo tesorero es el abogado al que el vicepresidente dice pagarle el alquiler de Guadalmina 
Se estrecha el círculo entre Ignacio González y Rudy Valner con un punto de conexión; Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid tiene además cargos en otras 47 empresas, una de ellas EGEDA DIGITAL S.L. Constituida en diciembre de 2006 para la protección y promoción del repertorio cultural, audiovisual y cinematográfico, alcanzó un acuerdo con la empresa pública de la Comunidad madrileña Promomadrid y con CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) para la colaboración entre el sector audiovisual madrileño y el de EEUU.  
Este acuerdo, firmado en noviembre de 2007, coincide en fecha con la creación de una oficina de EGEDA en Los Angeles. Su nombre; EGEDA U.S. Inc. Cerezo también preside esta oficina en EEUU, cuyo tesorero es el abogado Rudy Valner y fan en Facebook del Atlético de Madrid. El mismo que está al frente de la sociedad Coast Investors a quien Ignacio González y su esposa aseguran pagar religiosamente el arrendamiento del famoso piso de Guadalmina en la milla de oro marbellí. ESTRELLA DIGITAL ya publicó el pasado 27 de marzo que esta sociedad estuvo inactiva desde marzo de 2010 hasta marzo de 2012. Se reactivó sólo dos días después de que saltara es escándalo del piso del vicepresidente. 
Cabe destacar que cuando el diario El Mundo preguntó a Valner acerca del piso que posee en Marbella este contestó: "¿Que yo poseo una casa en Málaga, Marbella, a nombre de Coast Investors? No tengo ni idea de qué me habla".  
La sociedad Coast Investors LLC la maneja el abogado Rudy Valner, afincado en California, y según cree la Policía, es un mero testaferro que controla entidades mercantiles de distintos empresarios madrileños. La Policía considera que detrás de la empresa de Delaware, a media de Nueva York, está el propio Ignacio González. Aunque en un principio fue esta la información que publicó el diario de Pedro Jota, cuatro días después y ante la negativa de González de que hubiera tal investigación, la Dirección General de la Policía publicó una nota asegurando que en sus registros “no aparece ninguna investigación” y añadiendo que en el caso de que se comprobara la existencia de alguna investigación al margen de los procedimientos establecidos, la Dirección General adoptará las medidas legales pertinentes. Hay que tener en cuenta que Ignacio González, como aforado, sólo puede ser investigado si la Fiscalía, bajo indicios de delito, pide permiso a la Asamblea madrileña y ésta lo aprueba. 
Según investigaciones realizadas por ESTRELLA DIGITAL, la estrecha relación entre Enrique Cerezo e Ignacio González acercó al vicepresidente a Rudy Valner. En noviembre de 2007, cuando se inauguró la oficina de EGEDA en EEUU de la que Valner es tesorero, fue González quien acudió como representante español al acto junto con Enrique Cerezo.  
ESTRELLA DIGITAL tiene constancia además de que Rudy Valner representó a Enrique Cerezo en algunos casos contra otros productores españoles en California y habitualmente utiliza al abogado de Beverly Hills en sus operaciones en EEUU. 
Egeda producciones 
La empresa presidida por Enrique Cerezo sólo es una más de las 47 empresas en las que tiene cargos, la mayoría de ellas relacionadas con el sector audiovisual. El gran groso del negocio del presidente del Atlético se basa en explotar los derechos de autor de las películas que tanto él como sus socios tienen de su reproducción en EEUU y las televisiones.   
Además de él como presidente y consejero, EGEDA PRODUCCIONES cuenta con el hermano de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, como vicepresidente y también consejero, con Miguel Ángel Benzal Medina como director general,  con Jordi García Candau como tercer consejero y con José Antonio Suárez como secretario no consejero.  
En el organigrama de la oficina EGEDA U.S. Inc. Cerezo también aparece como presidente, Miguel Ángel Benzal como director y vicepresidente, José Antonio Suárez como secretario y Rudy Valner como tesorero. 
http://www.estrelladigital.es/espana/Ignacio_Gonzalez-Rudy_Valner-Atletico_de_Madrid-Enrique_Cerezo_0_1147686057.html 28.03.12 
EL BARATO PISO DE IGNACIO GONZÁLEZ 
El vicepresidente tiene un chollo; paga 2.000 euros al mes por su dúplex de 500 metros mientras que los que se alquilan en la misma urbanización cuestan 6.000 euros por menos metros 
La sociedad a la que Ignacio González dice pagar el alquiler lleva inactiva desde 2010
La exclusividad de Marbella la sitúa como destino modélico de turismo de lujo en todo el mundo. Y justo allí, en mitad del paraíso de golfistas y entre el refugio de ricos y famosos, tiene su casa Ignacio González. Dos mil euros al mes por un dúplex de casi 500 metros cuadrados. Visto lo visto el vicepresidente haría mejor carrera como agente inmobiliario que como político. Los negocios le salen redondos. 
El ático de González se encuentra en la lujosa urbanización Alhambra del Golf en Guadalmina baja, zona a la que hace pocos años se le apodó ‘La nueva milla de oro marbellí’. Entre sus ostentosidades cuenta con sauna, baño turco y piscina privada en la planta superior. Con orientación al sur, este complejo residencial está cerca del Campo de Golf de Guadalmina y a 500 metros de la playa. La comunidad ofrece además vigilancia las 24 horas, pista de paddle, jardines tropicales grandes con una piscina de estilo laguna, piscina infantil separada y zona de barbacoa para sesenta invitados. 
Mantener un ático de estas características por sólo 2.000 euros al mes, sin duda, es un chollo, más teniendo en cuenta que ya sólo la comunidad de vecinos cuesta 550 euros mensuales y el IBI asciende a casi 3.000 euros al año. Si a esos 2.000 euros mensuales que paga González religiosamente a Coast Investors le restamos la cuota de comunidad, el arrendamiento se quedaría en 1.450 euros, pues lo dicho, el vicepresidente está de suerte en estos momentos tan duros de crisis, ha encontrado un chollo. 
ESTRELLA DIGITAL se ha puesto en contacto con varios agentes inmobiliarios que llevan la gestión  de apartamentos situados en el mismo complejo residencial, Alhambra del Golf, y ha podido conocer que los precios de los alquileres en pisos de menores proporciones, concretamente de 2 habitaciones, cuestan 6.000 euros al mes. Otro de los apartamentos en régimen de alquiler de 180 metros cuadrados, alcanza los 3.000 euros al mes. Mil euros más de lo que paga González por casi el triple de metros. Ahora, además González se plantea comprar la casa “aprovechando la bajada de precios de la crisis”, aseguraba a El Mundo. No sabemos a qué precio lo venderá Investor Coast, pero lo que sí conocemos es que un apartamento de 400 metros cuadrados, 4 dormitorios, 3 terrazas y ascensor directo se vende hoy en Alhambra del Golf por 900.000 euros. Cifra que no debe preocupar mucho al vicepresidente madrileño porque ya tiene concedido el préstamo. 
Teniendo en cuenta que el vicepresidente cobra un sueldo mensual de 5.903 euros netos por parte del Gobierno regional,  sin contar posibles retribuciones por parte del partido, quizá se lo pueda permitir. En ese caso sería la de Guadalmina la única propiedad que se conociera del político ya que el Ejecutivo madrileño, junto con Cataluña, es de los pocos que no difunde la declaración de la renta de sus miembros ni la declaración de bienes. 
Si al final se hace con el dúplex de Guadalmina, Ignacio González podrá presumir de codearse con vecinos como Carmen Franco, que vive bajo sus pies, Amancio Ortega, que suele pasear la zona con su yate, Emilio Botín que la sobrevuela en su jet privado, el matrimonio Aznar o María Dolores de Cospedal, frecuentes en periodos vacacionales. 
http://www.estrelladigital.es/espana/barato-piso-Ignacio-Gonzalez_0_1147086282.html 27.03.12 
LA SOCIEDAD A LA QUE IGNACIO GONZÁLEZ DICE PAGAR EL ALQUILER LLEVA INACTIVA DESDE 2010 
Paradójicamente, según el registro de Delaware, Coast Investors se activó el 22 de marzo de 2012, dos días después de que se hiciera pública la información de su dúplex en Guadalmina 
Si el argumento del vicepresidente madrileño, Ignacio González, es mostrar que paga religiosamente un alquiler a la empresa de Rudy Valner, Coast Investors LLC, parece que ahora se desmorona. 
Según la información del Departamento de Estado de Delaware, la empresa Coast Investors se creó el 19 de marzo de 2008 pero quedó inactiva dos años más tarde, el 19 de julio de 2010. 
Sólo hubo dos movimientos en la empresa desde su creación; el del propio 19 de julio de 2010 en el que abandona la compañía un agente sin que se nombrase a otro y el del pasado 22 de marzo de 2012 en el que se vuelve a reactivar la empresa, justamente dos días después de que se publicara la información del piso de Guadalmina y el mismo día en el que González mostraba a los periodistas (desde lejos) las facturas que argumentaban que él pagaba el alquiler a dicha sociedad. 
Según la información de este propio registro estatal de Delaware, “una entidad será nula por no mantener sus informes anuales en curso y se pierde si su agente registrador renuncia y no se designa a otro”. Éste es el caso de Coast Investors que reúne los dos argumentos, la falta de presentación de cuentas en sus años activos y el no nombramiento de un nuevo agente registrador. Por tanto, si González afirma que su esposa y él llevan cuatro años pagando dos mil euros al mes (6.000 al trimestre, ya que asegura que abona la cantidad trimestralmente), ¿a quién y dónde paga los 6.000 euros cada tres meses? 
Si Coast Investors tuviese un inmueble alquilado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, debería pagar el Impuesto sobre la Renta de no Residentes  y el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no residentes (GEBI) al que están sujetas todas las entidades no residentes que posean bienes inmuebles en territorio español. Sin embargo no consta en el registro de Delaware ningún pago de impuestos por parte de la sociedad. 
Según la primera información que publicó El Mundo, se aseguraba que Coast Investors era la encargada de pagar el IBI y los gastos de Comunidad de la vivienda de la milla de oro marbellí, algo que llama la atención si la sociedad no estaba activa. Aunque cabe la hipótesis de que alguien en España con un poder de Coast lo esté haciendo o que lo estén cargando en una cuenta que se abrió en su día. Siendo así, no se están incluyendo las operaciones en la sociedad de EEUU, ya que no puede haber dos sociedades idénticas con el mismo nombre. 
Así funciona Delaware
Aunque en España se habla de Delaware como un paraíso fiscal, ESTRELLA DIGITAL ha consultado a un abogado especialista en derecho corporativo y fiscalidad internacional que recuerda que los temas de sociedades difieren en cada estado y la ventaja de Delaware es que se puede crear una sociedad en 24 horas a través de un socio, mediante un fax o un email. Permite agilidad, rapido, flexibilidad y opacidad. 
Este estado norteamericano permite que por poco dinero un gestor constituya una sociedad y en el registro aparece éste como socio y administrador, aunque el beneficiario último y el propietario real sea otro. Por tanto, formalmente la empresa pertenece a un administrador que la gestiona de acuerdo a las órdenes de un último beneficiario que es en realidad el propietario. En algunos estados de EEUU este tipo de acuerdos son legales. El objetivo es que si alguien investiga vía registro, no aparece el verdadero propietario de la empresa sino el gestor. 
Este tipo de empresas funcionan bien hasta que el asunto se pone feo, asegura nuestro experto. Si se investigan, el gestor tiene que tener ganas de decir que la empresa es suya y no del beneficiario último.  Sin embargo, para llegar a investigar una empresa en Delaware, España tendría que requerir el auxilio de EEUU. Se necesita una cooperación jurídica internacional que demuestre indicios de delito y consecuentemente hacer una comisión rogatoria para que se declare quién es el beneficiario último (propieatario real) de la sociedad. De motu proprio, es complicado que el gestor acabe confesando este dato porque su carrera profesional se vería perjudicada. 
Sociedades como la de Coast Investors se crean con el objetivo de ocultar al fisco español el propietario real del inmueble adquirido con dinero negro. Si una sociedad no residente tiene un inmueble en España y ocultando la identidad del dueño verdadero tiene que pagar el 3% del valor catastral. Este tipo de sociedades se utilizan también habitualmente para la compra de yates de lujo o embarcaciones de recreo adquiridas con dinero opaco.
 ¿Prisas por reactivar Coast Investors?
Según el Departamento de Estado de Delaware la reactivación de una empresa cuesta 169 dólares y tarda entre 2 o 3 semanas. Sin embargo, Coast Investor se activó tan sólo dos días después de saltar el escándalo a la prensa. Esto supone que, si el encargado de reactivarla tenía prisa, tuvo que pagar 100 dólares más para que se hiciera en 24 horas, 200 dólares más para activarla en el mismo día de la petición, 500 dólares en el caso de que se quisiera reactivar en las dos horas siguientes a la petición o hasta 1.000 dólares adicionales, si se reactivó en esa misma hora de hacer de solicitarlo.
 http://www.estrelladigital.es/espana/ignacio_gonzalez-delaware-coast_investors-piso_guadalmina_0_1146486190.html 26.03.12
DIVERSOS DOCUMENTOS PRUEBAN QUE LA POLICÍA INVESTIGA EL ÁTICO DE GONZÁLEZ 
El coche alquilado por Ignacio González en el garaje del ático. 
Disminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño EL MUNDO reproduce dos de las pruebas que integran la exhaustiva documentación recopilada hasta la fecha por la Policía en relación con el patrimonio de Ignacio González, tras las acusaciones de falsedad contra el periódico vertidas por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. 
El rastreo dirigido por la Brigada de Información se ha centrado, entre otros extremos, en el ático de lujo que ocupa el líder del PP en la urbanización Alhambra del Golf de Marbella durante todo el año, para intentar determinar la propiedad del mismo. 
En el marco de esta investigación, que emana del testimonio de un implicado en el caso Gürtel, que vincula este inmueble con el pago de una comisión a González a cambio de la venta a bajo precio de una parcela en Arganda, la Policía Nacional ha formulado una serie de requerimientos de información. 
Entre otras cuestiones, ha solicitado a la empresa de alquiler de coches que emplea habitualmente el vicepresidente madrileño que aporte los contratos suscritos con González y su esposa. La empresa Atesa ha contestado a esta petición, enviando a los investigadores el pasado 11 de febrero los datos relativos al alquiler de un vehículo por parte de la esposa del alto cargo popular, Lourdes Cavero. 
Los agentes también han fotografiado un vehículo de alquiler, un Citroën C4 de color blanco, cuando estaba estacionado en una de las plazas de que dispone el ático de lujo que ocupa González durante todo el año. 
Acusaciones de falsedad
Ignacio González, exigió ayer a este periódico que haga públicos "esos presuntos informes de la Policía que dicen tener [sobre su casa de Guadalmina] y que digan qué investigación es ésa, si es una investigación oficial o no". 
González cargó contra EL MUNDO y calificó la información sobre la investigación de la Policía de "absolutamente falsa y, de nuevo, sin aportar un solo documento que acredite". Añadió que lo que ha publicado este periódico «es una falsedad, insinuaciones e imputaciones sin pruebas» propias del "periodismo basura que practican algunos". 
El vicepresidente añadió que el director general de la Policía le ha informado de que "no existe ninguna información, ni ninguna investigación oficial por parte de la Policía" y anunció que, en el momento en que se publiquen las pruebas sobre la supuesta investigación, tomará la decisión de presentar acciones legales. 
www.elmundo.es 23.03.12
AGUIRRE DICE QUE SI HAY UNA INVESTIGACIÓN SOBRE GONZÁLEZ 'SE PONGA SOBRE LA MESA' 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el vicepresidente de su Gobierno está en una situación de "indefensión" tras las acusaciones sobre la compra de un ático de lujo en la Costa del Sol. 
La presidenta pidió públicamente, en respuesta a una pregunta de Tomás Gómez, que "si hay una investigación que se ponga encima de la mesa y se diga quién la hace". 
"Cuando a alguien le atribuyen una propiedad que no tiene y no es político, pues dice ¡qué bien!, pero si es político le someten a una indefensión, porque ¡a ver cómo se demuestra que una cuestión no es suya!", ha dicho la presidenta en el pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Tomás Gómez. 
Entretanto, el vicepresidente regional, Ignacio González, ha negado hoy en rueda de prensa que el ático de lujo de 495 m2 del que disfruta en Marbella y cuya compra la Policía investiga sea propiedad suya, tal y como publica hoy el diario EL MUNDO. 
"Una vez más la información que publica EL MUNDO es falsa, y de nuevo sin aportar ningún solo documento, el piso no es mío, es alquilado y pago conforme a lo estipulado al propietario, como les acredité a las personas que escriben la información", ha asegurado el vicepresidente, que ha puesto encima de la mesa toda la documentación del piso para quién la quisiera consultar. 
Además, el vicepresidente ha informado que ha hablado con el director general de la Policía Nacional y éste le ha dicho que no hay ninguna investigación abierta contra él. "Esta información vuelve a ser una falsedad y habla de supuestos informes de la Policía que no muestra, es un periodismo basura que obliga a acreditar el contrario de lo que ellos no pueden probar", precisó. 
"Es una información insidiosa, sólo se habla de supuestos informes y yo lo que pido es que si existen se hagan públicos", añadió González, que ha insistido en que se "acrediten" las pruebas de las que hablan, "como yo hice el domingo", ya que "todavía no han acreditado ninguna". 
Según publicó hoy EL MUNDO, la agente inmobiliaria que se encarga de comercializar las viviendas del complejo Alhambra del Golf de Marbella, en el que tienen casa abierta todo el año Jaime Ignacio González y Carmencita Franco Polo, entre otros, es tajante al asegurar quién ocupa y en calidad de qué el ático 11: "Ahí vive un alto cargo del PP de Madrid [por el vicepresidente de la Comunidad]". 
"¿Pero se puede alquilar?", repregunta EL MUNDO. "No, porque lo tiene en propiedad", abunda en su relato la intermediaria A. B. La inmobiliaria recuerda que fue "su hija" la que personalmente "vendió" hace cuatro años a Jaime Ignacio González el ático de 495 metros cuadrados en la zona más cara de la exclusiva urbanización Guadalmina. 
"El precio fue de 1,1 millones de euros", prosigue A. B. Esta cifra no cuadra, sin embargo, con la que maneja la propia Policía, que considera en sus informes que la operación se zanjó "en 1.350.000 euros, de los que 400.000 se desembolsaron en metálico".
¿Y qué versión ofrece Pedro Javier Villate Pérez, el empresario de Villaviciosa (Asturias) que, a día de hoy, continúa figurando en el Registro de la Propiedad como titular de la vivienda? "Es verdad que la casa es mía desde el punto de vista registral, pero yo la vendí hace cuatro años a una sociedad de [el paraíso fiscal de] Delaware. Lo que no sabría decirle es por qué esta compañía no la ha inscrito aún", puntualiza a este periódico el promotor y constructor de Alhambra del Golf. 
El dúplex de lujo que oficialmente sigue a su nombre pero realmente es propiedad de Coast Investors -empresa que la Policía vincula a González- cuenta con 257 metros en su primera planta y 238 en la segunda, que incluye una piscina privada, sauna y baño turco 
www.elmundo.es 22.03.12 
González niega que el piso de Marbella sea suyo y que la Policía le investigue 
El vicepresidente regional, Ignacio González, ha negado hoy en rueda de prensa que el ático de lujo de 495 m2 del que disfruta en Marbella y cuya compra la Policía investiga sea propiedad suya, tal y como publica hoy el diario EL MUNDO. 
"Una vez más la información que publica EL MUNDO es falsa, y de nuevo sin aportar ningún solo documento, el piso no es mío, es alquilado y pago conforme a lo estipulado al propietario, como les acredite a las personas que escriben la información", ha asegurado el vicepresidente, que ha puesto encima de la mesa toda la documentación del piso para quién la quisiera consultar. 
Además, el vicepresidente ha informado que ha hablado con el director general de la Policía Nacional y éste le ha dicho que no hay ninguna investigación abierta contra él. "Esta información vuelve a ser una falsedad y habla de supuestos informes de la Policía que no muestra, es un periodismo basura que obliga a acreditar el contrario de lo que ellos no pueden probar", precisó. 
"Es una información insidiosa, sólo se habla de supuestos informes y yo lo que pido es que si existen se hagan públicos", añadió González, que ha insistido en que se "acrediten" las pruebas de las que hablan, "como yo hice el domingo", ya que "todavía no han acreditado ninguna". 
Según publicó hoy EL MUNDO, la agente inmobiliaria que se encarga de comercializar las viviendas del complejo Alhambra del Golf de Marbella, en el que tienen casa abierta todo el año Jaime Ignacio González y Carmencita Franco Polo, entre otros, es tajante al asegurar quién ocupa y en calidad de qué el ático 11: "Ahí vive un alto cargo del PP de Madrid [por el vicepresidente de la Comunidad]". 
"¿Pero se puede alquilar?", repregunta EL MUNDO. "No, porque lo tiene en propiedad", abunda en su relato la intermediaria A. B. La inmobiliaria recuerda que fue "su hija" la que personalmente "vendió" hace cuatro años a Jaime Ignacio González el ático de 495 metros cuadrados en la zona más cara de la exclusiva urbanización Guadalmina. 
"El precio fue de 1,1 millones de euros", prosigue A. B. Esta cifra no cuadra, sin embargo, con la que maneja la propia Policía, que considera en sus informes que la operación se zanjó "en 1.350.000 euros, de los que 400.000 se desembolsaron en metálico".
¿Y qué versión ofrece Pedro Javier Villate Pérez, el empresario de Villaviciosa (Asturias) que, a día de hoy, continúa figurando en el Registro de la Propiedad como titular de la vivienda? "Es verdad que la casa es mía desde el punto de vista registral, pero yo la vendí hace cuatro años a una sociedad de [el paraíso fiscal de] Delaware. Lo que no sabría decirle es por qué esta compañía no la ha inscrito aún", puntualiza a este periódico el promotor y constructor de Alhambra del Golf. 
El dúplex de lujo que oficialmente sigue a su nombre pero realmente es propiedad de Coast Investors -empresa que la Policía vincula a González- cuenta con 257 metros en su primera planta y 238 en la segunda, que incluye una piscina privada, sauna y baño turco.
www.elmundo.es 22.03.12 
UNA INMOBILIARIA DESMIENTE LA VERSIÓN DE GONZALEZ SOBRE SU ÁTICO DE LUJO EN MARBELLA: LO COMPRÓ HACE CUATRO AÑOS 
El vicepresidente madrileño, Ignacio González, es el “propietario” del exclusivo ático de 495 metros cuadrados de Guadalmina, Málaga, que compró en 2008 por 1.100.000 euros. Eso es al menos lo que asegura la inmobiliaria que se encarga de comercializar las viviendas del lujoso complejo Alhambra del Golf donde se encuentra el inmueble. La Policía sospecha que el inmueble podría estar relacionado con el cobro de una comisión por parte del número dos de Esperanza Aguirre. 
La inmobiliaria ha confirmado a El Mundo que “vendió” hace cuatro años a Jaime Ignacio González el ático de 495 metros cuadrados en la exclusiva urbanización en Guadalmina. “El precio fue de 1,1 millones de euros”, precisa una persona identificada por el diario como A. B. 
El posible vínculo entre el ático y una comisión
La cifra de 1,1 millones no corresponde con la que maneja la Policía (1,3 millones), que investiga la posible relación entre esta propiedad y el presunto cobro de una comisión por parte del vicepresidente madrileño, a partir de las declaraciones de un testigo del caso Gürtel. 
Un testigo del caso Gürtel acusó a González
Ese testigo vinculó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa. La Policía investiga si el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre. 
El sospechoso viaje a Colombia
En septiembre de 2008 González fue espiado y grabado en un vídeo a través de una cámara oculta durante un sospechoso viaje que realizó a Bogotá, Colombia, en compañía, precisamente, de un alto cargo de Martinsa. 
El ático figura aun en el Registro a nombre del promotor
El ático que según asegura la inmobiliaria es propiedad de González continúa figurando, sin embargo, en el Registro de la Propiedad a nombre del promotor Pedro Javier Villate Pérez, quien asegura que la vendió hace cuatro años a una sociedad en Delaware, un estado de Estados Unidos considerado un paraíso fiscal. Villate Pérez agregó que no sabe por qué esa empresa no ha inscrito aun el inmueble con su titularidad. 
¿Quién está detrás de Coast Investors?
La persona que aparece como administrador de dicha empresa, Coast Investors, el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, ha negado que posea una casa en Málaga, a pesar de que Ignacio González ha dicho que le alquila la vivienda a este individuo. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. 
El Mundo pide una comisión de investigación en el Parlamento madrileño
El Mundo dedica hoy uno de sus editoriales a este asunto y afirma que González podría estar mintiendo con su versión de que tiene alquilado el ático a una empresa de Delaware por 2.000 euros al mes. “Hay sospechas que vinculan la operación a la trama Gürtel, por lo que lo más conveniente para González es aclarar con detalle la situación legal de su dúplex de veraneo e impulsar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, si la oposición no queda satisfecha”, apunta el diario de Pedro J. Ramírez 
www.elplural.com 22.03.12
EL PSOE PEDIRÁ A IGNACIO GONZÁLEZ QUE EXPLIQUE EL ORIGEN DE SU DÚPLEX DE LUJO 
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha manifestado que exigirá la "comparecencia urgente del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, para que explique el origen del dúplex de lujo que utiliza en Marbella", que está siendo investigado por la Policía, por su posible relación con la trama Gürtel. 
Para Gómez, la información revelada por EL MUNDO constituye "un nuevo escándalo del PP de Esperanza Aguirre y del Gobierno, que está presuntamente implicado en este caso". "Es el Gobierno del PP de las casas de lujo, las niñeras filipinas y el golf por las tardes, mientras las capas sociales más bajas están empobrecidas y con menor calidad en la enseñanza", ha señalado Gómez. 
El líder socialista ha destacado que González tenga como vecina a Carmen Franco Polo, la hija de Franco, y ha recordado que su partido ha reclamado en muchas ocasiones que se hagan públicos los bienes del Gobierno y de los diputados y que igual que hizo Bono, se publiquen en la web de la Asamblea de Madrid. 
Tomás Gómez ha insistido en que se trata de otro escándalo "muy cercano a alguien de Aguirre" y que "tanto él como ella deben dar explicaciones porque el caso Gürtel es el escándalo más importante de la democracia". 
El portavoz del PP en la Asamblea, Ínigo Enríquez de Luna, ha dicho que "no hay caso" y que las palabras de Gómez "son un ejercicio de demagogia incalificable". "Parece mentira que esto lo diga el responsable de la deuda de Parla, el cuarto ayuntamiento más endeudado de España", ha añadido. 
Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, considera "lamentable" que tras una información de este tipo "siempre aparezca la trama Gürtel". Gordo ha señalado que se alegra de "que haya gente a la que la crisis le permita comprar una propiedad de estas características", y ha añadido que no le extraña que Ignacio González "no apoye la huelga general". 
González lo niega
Entretanto, el vicepresidente, Ignacio González, ha negado hoy tener algún tipo de relación con la trama Gürtel, y ha asegurado que si alguien tiene "alguna prueba o algún informe" al respecto, que lo "ponga encima de la mesa" porque él desconoce que tenga que ver con el caso.  
Según González, que ha presentado la nueva compañía de danza Aída Gómez, en Pozuelo de Alarcón, "todas las cuestiones relativas a esa información" salvo que tiene un piso alquilado "son falsas". "No tengo ninguna relación con nada que tenga que ver ni con Gürtel ni con esas presuntas historias de Arganda de un empresario de la construcción", ha dicho. 
El vicepresidente madrileño ha insistido en que es "todo absolutamente falso". "Además, desconozco y creo que no existe ninguna investigación ni conozco ningún testigo ni conozco nada que tenga que ver con esa información", ha recalcado, por lo que ha añadido que "si hay alguien que tenga alguna prueba o algún informe, que lo ponga encima de la mesa". 
Investigación
Según publica hoy EL MUNDO, la Policía investiga el origen de la vivienda de 495 metros cuadrados (257 residenciales y 238 de solárium) que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ocupa en la urbanización Guadalmina de Marbella, una de las más caras de la zona. 
El dúplex es propiedad, tal y como ha reconocido el interesado, de Coast Investors LLC, una compañía radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Esta sociedad la maneja un abogado residente en California llamado Rudy Valner, al que la Policía considera un mero testaferro, que controla también entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles. Los agentes consideran que detrás de la empresa de Delaware está Ignacio González. 
La investigación comenzó hace meses al surgir el nombre del 'número dos' de Madrid en el transcurso de la investigación del caso Gürtel. Un testigo relacionó al vicepresidente de Madrid con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín (Martinsa). 
Los agentes sospechan que el ático, que según fuentes policiales costó 1.300.000 euros, constituiría supuestamente el pago de una comisión. La vivienda continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero los gastos los satisface Coast Investors. Esto quiere decir que la transacción entre el promotor y la empresa se reflejó en un documento privado, pero aún no se ha elevado a escritura pública. La Policía sostiene que la compraventa se ejecutó "en Gibraltar". 
'Estoy de alquiler pero lo voy a comprar'
Ignacio González se trasladó a esta propiedad hace casi cuatro años, en el verano-otoño de 2008. La mudanza coincidió en el tiempo con su famoso viaje a Colombia con José Manuel Serra Peris, alto cargo de Martinsa, en el que fue seguido, filmado con cámara oculta y fotografiado por una agencia de detectives españoles. 
Todos estos extremos figuran en los escritos elaborados por los agentes que están escudriñando su patrimonio, incluido el chalé de 450 metros cuadrados en Aravaca (Madrid) en el que reside habitualmente. 
González ha manifestado que la casa que investiga la policía no es suya. "Yo estoy alquilado", afirmó el 'número 2' del Gobierno de Madrid, quien añadió que abona 2.000 euros mensuales por el arriendo de la vivienda que, según afirmó, se encuentra en trámites "de adquirir". 
www.elmundo.es 20.03.12
La Policía investiga si el ático que ocupa Ignacio González en Marbella es una ‘comisión Gürtel’




A finales de 2008 y principios de 2009 el nombre del ‘número dos’ de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, saltó a la palestra por un sospechoso viaje a Colombia que realizó junto a un alto cargo de la empresa Martinsa, y durante el que fue seguido y grabado con una cámara oculta. La Policía investiga ahora si un dúplex de 495 metros cuadrados en Málaga que usa el vicepresidente madrileño para sus vacaciones es resultado del cobro de una comisión de Martinsa, como afirmó un testigo del 'caso Gürtel' en su declaración.
Según desvela hoy El Mundo, el ático, ubicado en un selecto complejo denominado “La Alhambra del Golf” en Guadalmina, en la frontera entre Marbella y Estepona, tiene una extensión de 257 metros cuadrados en la primera planta y de 238 en la segunda, que incluye una piscina, un baño turco y una sauna. El vicepresidente de Madrid tiene como vecina, en el piso inmediatamente inferior, a Carmen Franco Polo, hija del dictador.
Coast Investors

La vivienda es propiedad de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU), y administrada por el abogado Rudy Valner, un estadounidense al que la Policía considera un testaferro que controla entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles, entre ellos, madrileños.
González estaría detrás de Coast Investors

Rudy Valner tiene su despacho en Beverly Hills, la zona más exclusiva de Los Ángeles, en California, y su bufete está situado en el 421 de North Beverly Drive. La Policía cree que detrás de Coast Investors LLC está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Un testigo del caso Gürtel implicó a González

La Policía investiga esta propiedad en Málaga desde que hace unos meses un testigo del caso Gürtel relacionó a Ignacio González con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín, de la empresa Martinsa, mencionada al comienzo de esta información. Los investigadores creen que el ático de Málaga constituiría el pago de una comisión por parte de Martinsa al número dos de Aguirre. La vivienda habría costado entre 1.100.000 y 1.300.000 euros.
Un contrato privado firmado en Gibraltar

El ático continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero tanto los gastos de comunidad como otros desembolsos, incluido el IBI los paga Coast Investors, con lo cual la compraventa del ático entre el promotor y la citada empresa se habría hecho en Gibraltar, según los investigadores, a través de un documento privado y aún no se habría elevado a escritura pública.
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El Tribunal Superior ratifica la imputación al dueño de Martinsa en el 'caso Gürtel'

El expresidente del Real Madrid pagó 11 millones de euros a Francisco Correa

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), actuando como ponente su presidente, Francisco Javier Vieira, confirmó en un auto del pasado 13 de octubre que la decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de citar a declarar como imputado al presidente de la promotora Martinsa, Fernando Martín Álvarez, fue conforme a la legalidad. De esta forma, la Sala mantiene al empresario su situación de imputado en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.
El dueño de Martinsa está imputado en el caso Gürtel por su relación con la comisión presuntamente ilegal cobrada por el cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el sumario, este percibió más de 11 millones de euros por intermediar con el exalcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas.
La investigación policial, que incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, transfirió los 11 millones de euros desde una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones, cifra récord en la instrucción del caso Gürtel.
Martín, que acudió a la sede del TSJM el pasado 14 de julio a declarar como imputado, al ser citado por Pedreira, se negó a testificar, pero leyó un comunicado en el que aseguraba no haber hecho negocios con los miembros de la red presuntamente dirigida por Francisco Correa. Pedreira se inhibió del caso después de que los diputados de la Asamblea implicados en la trama dimitieran -y por tanto perdieran su fuero-, días antes de las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Ello plantearía el regreso del caso a la Audiencia Nacional, donde se inició la instrucción, pero este se encuentra paralizado por los recursos presentados a la inhibición. La defensa de Martín considera que el apartamiento de Pedreira le obligaba a postergar las decisiones sobre los nuevos imputados, como Martín o Elena Villarroya, exmujer del que fuera regidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Sin embargo, el auto del TSJM sostiene que, hasta que la inhibición no sea firme, la continuación de la instrucción "es obligada": "Es efectivamente anómala, desde el punto de vista procesal la situación de la causa, al haber declarado esta Sala que ya no le corresponde continuar el conocimiento del asunto, decisión con la que, además, están todas las partes de acuerdo", argumenta el auto. Pero ante la imposibilidad de remitir, por ahora, la causa al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la investigación no puede verse paralizada: "De hacerse así podrían desaparecer fuentes de prueba o producirse circunstancias que dificultaran o impidieran la persecución de hechos delictivos, como la prescripción de la infracción criminal por inactividad procesal". El escrito del presidente del TSJM asegura que todas las diligencias practicadas por los sucesivos instructores "son perfectamente válidas".
El pelotazo de Correa en Arganda se acerca a los 24 millones de euros
La policía cree que cobró comisiones de Martinsa y de otros dos empresarios

Un informe de la Policía Judicial hecho público ayer destapa la relación entre dos comisiones de más de 12 millones de euros cada una (en total 24,8 millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006 por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en Arganda del Rey con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, realizada en diciembre de 2004, de origen desconocido.

La policía atribuye este pago a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo. Los dos responsables de la empresa que pagó esta comisión están citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira.

"Martinsa se portó conmigo", asegura el líder de la trama Gürtel en una cinta
El resguardo de uno de los pagos en Suiza lo identifica como "comisión"

La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24 millones de euros. Por el momento son cuatro los imputados del caso Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan Fernández Caballero.

Según consta en un documento incluido en el informe remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el terreno.

Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.

El establecimiento de la conexión entre las dos comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el verdadero motivo de esta comisión.

El informe policial aporta la transcripción de conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".
www.elpais.es 29.06.11
 

El presidente de Martinsa, imputado en el 'caso Gürtel' por pagos a Correa

El constructor está citado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública

Se investiga una extraña operación por 100 millones en Arganda



El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la empresa Martinsa, Fernando Martín, al que imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Según las investigaciones que obran en el sumario, el ex diputado del PP de Madrid Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.
En concreto, Pedreira investiga los pormenores de la venta de 21 parcelas de terrenos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la inmobiliaria Martinsa, actualmente en suspensión de pagos. La operación (que afecta a 160.000 metros cuadrados) se hizo en 2004 mediante concurso; se fijó un precio de 77 millones de euros, a pesar de que el Ayuntamiento disponía de una tasación que situaba el coste en unos 100 millones.
La adjudicación de estas parcelas las realizó la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que entonces dirigía el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, sobre quien pesa una fianza judicial de 950.000 euros por su presunta implicación en la red criminal.
El juez quiere indagar por qué se limitó el precio de las parcelas a 77 millones, esquivando así posibles ofertas superiores, y por qué se fijaron unos criterios claramente favorables a Martinsa. El sumario del caso incluye una grabación de Correa en la que menciona su buena relación con el dueño de Martinsa y señala que tiene un pago pendiente con él por la operación de Arganda. Además, admite que en julio "cazó" de Martinsa.
Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Gobierno municipal permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400.
En esta operación, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, habría recibido más de 12 millones de euros de Martinsa, según datos que figuran en una de las comisiones rogatorias enviadas por Pedreira. El dinero supuestamente obedece a "una comisión por intermediación" en Arganda del Rey vinculada a la firma de Fernando Martín. El dinero se remitió a Mónaco desde  Suiza y acabó finalmente en Panamá en una cuenta a nombre de Correa.
Antes de que Fernando Martín declare ante Pedreira, este próximo miércoles lo hará también como imputado el consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, que estaba citado el pasado 18 de mayo, pero no acudió a declarar alegando que iba a ser intervenido quirúrgicamente ese mismo día. Cosa que no sucedió.
La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular ejercida por el PSOE, que remitió al magistrado un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.
En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.
"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.
Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.
www.elpais.es  13.06.11
Imputado otro cargo del PP de Arganda por el mayor pelotazo de Correa

La fiscalía solicitó al iniciarse el 'caso Gürtel' que Juan Fernández Caballero declarara por la adjudicación de una parcela a Martinsa por 77 millones

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado al consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Con Fernández ya son cuatro los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de la sociedad de fomento de Arganda del Rey de una parcela pública a la constructora Martinsa.

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Turno de Boadilla y Alcalá El pelotazo de Correa en Arganda del Rey pudo ascender a 24 millones El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. Así, Juan Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.

La petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad.

Las conexiones de Juan Fernández Caballero con la trama resultan evidentes, según la acusación popular. David Luis Cerezo, uno de los trabajadores de Correa, aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: "Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos...". Preguntado por el juez sobre quién le había indicado que tenía que entrevistarse con Juan Fernández, este trabajador de Correa explicó que fue Pau Collado, vinculado al PP de las islas Baleares.

El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.

Pero la tercera de las adjudicaciones de suelo municipal en la que presuntamente habría participado Juan Fernández Caballero fue la adjudicación de una parcela a Martinsa en noviembre de 2004. El Ayuntamiento aprobó la venta en 77 millones, pese a que previamente la parcela había sido tasada en 100 millones. La decisión la tomó a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa de fomento de Arganda.

Pese a que la adjudicación fue en 77 millones, Martinsa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió a la empresa levantar más de 1.000 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más. Martinsa no ha llegado a edificar en el solar.

En una de las grabaciones realizadas a Correa, el cerebro de la trama: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación realizada a Isabel Jordán, una de las empleadas de la red corrupta, esta alude a la operación: " le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no se lo daban". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama. Sobre este diputado pesa una fianza de 950.000 euros.

Al polémico concurso a Martinsa que Pedreira está investigando se presentaron tres empresas. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo en 2003 (dimitió en 2006). Según fuentes del caso, el magistrado Pedreira, que el 5 de enero solicitó un informe de esta operación, tiene en su poder un documento que prueba que Juan Fernández Caballero fue el encargado de firmar el pago de los honorarios de Aguirre Newman, de 22.000 euros.

Los técnicos del Ayuntamiento de Arganda, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin valoraron aspectos diferentes del polémico concurso. Y además entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.

www.elpais.es 20.04.2011
Arganda dejó de cobrar 23 millones en una obra de Gürtel

Una valoración privada permitió que Fernando Martín ganara el concurso

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

Pedreira cita a declarar como imputado a un alto cargo de Arganda El pelotazo de Correa en Arganda del Rey pudo ascender a 24 millones El dueño de Martinsa no declara ante el juez Pedreira pero niega las acusaciones Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.

La obra en la que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.
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