Los juzgados con casos de corrupción sin medios, que lo digan y se resolverá”
“Hay un malestar razonable entre los jueces por los recortes salariales”
José Antonio Hernández
Madrid
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| Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. / BERNARDO PÉREZ |
Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, está “preocupado” por cómo pueden estar
percibiendo los ciudadanos la respuesta judicial a la avalancha de
escándalos de corrupción que sacuden España: el caso Gürtel y su última ramificación, los 22 millones de euros hallados en Suiza al extesorero popular Luis Bárcenas, las pesquisas sobre el duque de Palma, Iñaki Urdangarin...
Moliner quiere erradicar, además, la idea de que las reformas
legislativas que está implementando el Ministerio de Justicia, la Ley de
Tasas o la reducción del número de vocales del Poder Judicial, pueden
socavar la acción judicial ante la corrupción.
Pregunta. Desde algunos sectores judiciales se indica que los últimos proyectos normativos del Ministerio de Justicia (debilitamiento del Poder Judicial) crean espacios de impunidad frente a la corrupción.
Respuesta. La sociedad española, en las últimas estadísticas, entiende que la corrupción es uno de sus principales problemas. El Consejo del Poder Judicial lo siente igualmente así. Y son los jueces los que tienen que aclarar estos casos mediante los procedimientos y garantías oportunos, y no van a permitir que eso suceda. Es cierto que hay reformas legislativas que, en un contexto de crisis, no hay que olvidar. Pero ni de las leyes reformadas, ni de las decisiones del Ejecutivo se puede deducir, como han hecho algunos compañeros, que se busca conseguir un marco de impunidad. Me parece muy grave que jueces que representan a un poder del estado siembren sospechas sobre la actuación de otro poder del estado.
P. ¿Y por qué entonces dicen eso los jueces?
R. No lo sé. Sé que hay un malestar que en alguna medida es razonable. Porque ha habido problemas con los sueldos, con los permisos, con los jueces sustitutos, con la carga de trabajo…
P. Pero ellos ven esa eventual impunidad en estas reformas.
R. Ya, pero no tiene que ver una cosa con otra.
P. Entonces, ¿están poniendo de pantalla ante la sociedad las reformas para tapar que lo que subyace son los recortes de salarios y derechos?
R. A todos nos han recortado los sueldos. Es cierto, estas leyes recortan derechos, lo que justifica un malestar, pero de ahí no se puede entender que se está buscando un marco de impunidad. Si a algún Gobierno se le ocurriera, no es el caso, hacer algo parecido, ningún juez de España estaría dispuesto a hacerle el juego.
P. La Asociación Interasociativa de Jueces y fiscales anuncia otra huelga el día 20.
R. No soy partidario de hacer huelgas. Pero no tengo interés en interferir. Son libres y que tomen sus decisiones.
P. ¿Qué va a hacer el Consejo para apoyar a los juzgados que llevan casos de corrupción?
R. El 24 de enero anuncié a todos los vocales que iba a dirigirme a los presidentes de los tribunales superiores para que me informaran de los casos de corrupción que lleven los juzgados de sus jurisdicciones. La finalidad es saber cuántos hay y resolver los problemas que tengan, siempre respetando su independencia.
P. ¿Le han enviado ya algún tipo de información?
R. Me han contestado los presidentes de Cantabria, Murcia, Andalucía y La Rioja. Salvo La Rioja, los demás sí tienen juzgados con casos de corrupción.
P. ¿Y qué juzgados necesitan apoyo?
R. No lo recuerdo. Uno es en Cantabria. Se trata de asuntos de delitos fiscales, malversación de caudales públicos. Vamos a ver qué necesitan y trataremos de resolver los problemas que puedan tener.
P. ¿Dispone de dinero el Consejo para resolver esos problemas?
R. Tenemos medios personales; los materiales los tienen el ministerio y las comunidades.
P. Pero al juez que presta apoyo en un juzgado hay que pagarle. ¿Hay dinero?
R. Claro, para esto seguro que hay... Hay que evitar esa sensación de que esto [los sumarios de corrupción] se paran y no llegan a ningún sitio.
P. El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid. En sus estanterías hay un asunto donde se investiga un supuesto delito de evasión de capitales a gran escala y lleva cinco meses totalmente parado el asunto a la espera de que el fiscal informe sobre un recurso.
R. No lo sabía. Pero estas son las cosas que quiero saber.
P. Muchos jueces huyen de los casos de corrupción porque creen que les van a empantanar el juzgado y que hay grandes trabas para obtener refuerzos.
R. Los casos de corrupción los entienden los jueces como prioritarios. A esos jueces les digo que tienen a un presidente de tribunal superior y que, en la medida que el Consejo tenga los medios, se los va a dar, y si hay que pedirlos, lo pediremos.
P. Existe la sensación en la calle de que la ley de Tasas supone una involución, el retorno a la justicia de los ricos.
R. El Consejo ya dijo, al informar esta ley, que era una ley con problemas de cuantía y situaciones y que convenía que se pulieran. Ya que había situaciones que podían impedir al ciudadano recurrir [por no tener dinero].
P. ¿Por ejemplo?
R. En reclamaciones de indemnizaciones de negligencias médicas o accidentes de tráfico. Es decir, en una indemnización que fuera elevada la tasa pudiera ser igualmente elevada. Me consta que en la reforma que se está preparando de la ley de asistencia jurídica gratuita se va a corregir. Pero tampoco se puede decir eso de que los ricos podrán acudir a la justicia y los pobres no.
P. El Consejo ha dictaminado que la reforma del Poder Judicial tiene problemas de constitucionalidad por la reducción drástica de vocales (de 20 a siete) con dedicación exclusiva. Incluso se dice que puede haber una subordinación del poder judicial al político.
R. No estoy totalmente de acuerdo con el informe que se aprobó. Sí en lo sustancial, que es la crítica a la limitación de las competencias del estatuto judicial. Esa facultad debe conservarla el Consejo.
P. ¿Y le parece bien que solo haya seis o siete vocales con dedicación exclusiva?
R. Seis o siete vocales me parece muy poco. Creo que por lo menos debería haber 12.
P. ¿La prensa internacional, en el marco del caso Bárcenas, tacha a la justicia en España de lenta?
R. En España la justicia va como va. Hay procesos lentos y otros que van bien. La lentitud no depende de los jueces, sino de las leyes procesales, más bien anticuadas, y de si hay recursos, que siempre se agotan y a veces se abusa.
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/07/actualidad/1360274421_951637.html
Pregunta. Desde algunos sectores judiciales se indica que los últimos proyectos normativos del Ministerio de Justicia (debilitamiento del Poder Judicial) crean espacios de impunidad frente a la corrupción.
Respuesta. La sociedad española, en las últimas estadísticas, entiende que la corrupción es uno de sus principales problemas. El Consejo del Poder Judicial lo siente igualmente así. Y son los jueces los que tienen que aclarar estos casos mediante los procedimientos y garantías oportunos, y no van a permitir que eso suceda. Es cierto que hay reformas legislativas que, en un contexto de crisis, no hay que olvidar. Pero ni de las leyes reformadas, ni de las decisiones del Ejecutivo se puede deducir, como han hecho algunos compañeros, que se busca conseguir un marco de impunidad. Me parece muy grave que jueces que representan a un poder del estado siembren sospechas sobre la actuación de otro poder del estado.
P. ¿Y por qué entonces dicen eso los jueces?
R. No lo sé. Sé que hay un malestar que en alguna medida es razonable. Porque ha habido problemas con los sueldos, con los permisos, con los jueces sustitutos, con la carga de trabajo…
P. Pero ellos ven esa eventual impunidad en estas reformas.
R. Ya, pero no tiene que ver una cosa con otra.
P. Entonces, ¿están poniendo de pantalla ante la sociedad las reformas para tapar que lo que subyace son los recortes de salarios y derechos?
R. A todos nos han recortado los sueldos. Es cierto, estas leyes recortan derechos, lo que justifica un malestar, pero de ahí no se puede entender que se está buscando un marco de impunidad. Si a algún Gobierno se le ocurriera, no es el caso, hacer algo parecido, ningún juez de España estaría dispuesto a hacerle el juego.
P. La Asociación Interasociativa de Jueces y fiscales anuncia otra huelga el día 20.
R. No soy partidario de hacer huelgas. Pero no tengo interés en interferir. Son libres y que tomen sus decisiones.
P. ¿Qué va a hacer el Consejo para apoyar a los juzgados que llevan casos de corrupción?
R. El 24 de enero anuncié a todos los vocales que iba a dirigirme a los presidentes de los tribunales superiores para que me informaran de los casos de corrupción que lleven los juzgados de sus jurisdicciones. La finalidad es saber cuántos hay y resolver los problemas que tengan, siempre respetando su independencia.
P. ¿Le han enviado ya algún tipo de información?
R. Me han contestado los presidentes de Cantabria, Murcia, Andalucía y La Rioja. Salvo La Rioja, los demás sí tienen juzgados con casos de corrupción.
P. ¿Y qué juzgados necesitan apoyo?
R. No lo recuerdo. Uno es en Cantabria. Se trata de asuntos de delitos fiscales, malversación de caudales públicos. Vamos a ver qué necesitan y trataremos de resolver los problemas que puedan tener.
P. ¿Dispone de dinero el Consejo para resolver esos problemas?
R. Tenemos medios personales; los materiales los tienen el ministerio y las comunidades.
P. Pero al juez que presta apoyo en un juzgado hay que pagarle. ¿Hay dinero?
R. Claro, para esto seguro que hay... Hay que evitar esa sensación de que esto [los sumarios de corrupción] se paran y no llegan a ningún sitio.
P. El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid. En sus estanterías hay un asunto donde se investiga un supuesto delito de evasión de capitales a gran escala y lleva cinco meses totalmente parado el asunto a la espera de que el fiscal informe sobre un recurso.
R. No lo sabía. Pero estas son las cosas que quiero saber.
P. Muchos jueces huyen de los casos de corrupción porque creen que les van a empantanar el juzgado y que hay grandes trabas para obtener refuerzos.
R. Los casos de corrupción los entienden los jueces como prioritarios. A esos jueces les digo que tienen a un presidente de tribunal superior y que, en la medida que el Consejo tenga los medios, se los va a dar, y si hay que pedirlos, lo pediremos.
P. Existe la sensación en la calle de que la ley de Tasas supone una involución, el retorno a la justicia de los ricos.
R. El Consejo ya dijo, al informar esta ley, que era una ley con problemas de cuantía y situaciones y que convenía que se pulieran. Ya que había situaciones que podían impedir al ciudadano recurrir [por no tener dinero].
P. ¿Por ejemplo?
R. En reclamaciones de indemnizaciones de negligencias médicas o accidentes de tráfico. Es decir, en una indemnización que fuera elevada la tasa pudiera ser igualmente elevada. Me consta que en la reforma que se está preparando de la ley de asistencia jurídica gratuita se va a corregir. Pero tampoco se puede decir eso de que los ricos podrán acudir a la justicia y los pobres no.
P. El Consejo ha dictaminado que la reforma del Poder Judicial tiene problemas de constitucionalidad por la reducción drástica de vocales (de 20 a siete) con dedicación exclusiva. Incluso se dice que puede haber una subordinación del poder judicial al político.
R. No estoy totalmente de acuerdo con el informe que se aprobó. Sí en lo sustancial, que es la crítica a la limitación de las competencias del estatuto judicial. Esa facultad debe conservarla el Consejo.
P. ¿Y le parece bien que solo haya seis o siete vocales con dedicación exclusiva?
R. Seis o siete vocales me parece muy poco. Creo que por lo menos debería haber 12.
P. ¿La prensa internacional, en el marco del caso Bárcenas, tacha a la justicia en España de lenta?
R. En España la justicia va como va. Hay procesos lentos y otros que van bien. La lentitud no depende de los jueces, sino de las leyes procesales, más bien anticuadas, y de si hay recursos, que siempre se agotan y a veces se abusa.
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/07/actualidad/1360274421_951637.html
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