El Gobierno comienza su ´paripé negociador´ para recortar las jubilaciones parciales y anticipadas

El Gobierno, a través del grupo parlamentario del PP en el Congreso, arrancará esta semana un supuesto proceso negociador con el resto de las fuerzas políticas que ya tiene escrito su acuerdo final: la restricción de la jubilación anticipada y parcial, algo que el PP ya tiene más que decidido y que todas las demás fuerzas políticas se niegan a secundar. El Gobierno quiere modificar el acuerdo sobre pensiones cerrado por sindicatos y patronal el pasado año y que no lleva en vigor ni dos semanas.

 El Gobierno pretende iniciar este supuesto proceso ‘negociador’ el próximo miércoles, según fuentes parlamentarias. En estos contactos, los diputados del PP volverán a exhibir el ‘informe’ presentado el pasado 8 de noviembre por el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso en el que se proponía retrasar la jubilación anticipada a los 63 años, en paralelo a la entrada en vigor de la nueva edad de jubilación a los 67 años que debería culminar en el año 2027. Además, Empleo también trabaja en la línea de aumentar los coeficientes reductores y ampliar los periodos obligatorios de cotización, entre otras modificaciones.


El Gobierno ni siquiera se ha tomado la molestia de abrir un proceso negociador digno de tal nombre con los agentes sociales, y, en medios políticos, se espera en el mejor de los casos, una convocatoria de trámite, “un trágala más o menos disfrazado, pero sin volutnad de neogciar, sin admitir alternativas, sin escuchar otras propuestas”, señalan en medios sindicales consultados por Diario Progresista. Así las cosas, los líderes de los dos principales sindicatos, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) ya han expresado públicamente su rechazo a cualquier modificación de la ley 27/2011, que entró en vigor del 1 de septiembre, y reclaman que se deje funcionar esta normativa antes de acometer nuevas reformas.
   En el mismo sentido se han expresado durante las últimas semanas los portavoces en materia de Seguridad Social de las diferentes formaciones con presencia en el Pacto de Toledo. Los socialistas rechazan cualquier modificación de la Ley 27/2011 aprobada en el último año de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, porque temen que el PP tenga intención de "empeorar" el sistema.
   De hecho, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha hecho pública su oposición a cualquier modificación en el sistema de pensiones que pueda estar planeando el Gobierno si no va respaldada por un acuerdo con los agentes sociales equivalente al que logró concitar la normativa actual, y reclaman también que se permita a esta ley funcionar para que el Pacto de Toledo pueda evaluar sus resultados y proponer mejoras.
   Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) acusan al Gobierno de atacar las pensiones por mandato de la troika y para ´empujar´ a más ciudadanos a contratar planes privados. Además, alertan de los efectos que retrasar la jubilación puede tener en una coyuntura de alto desempleo como la actual, y critican la "hipocresía" del PP por reformar una normativa contra la que votó en su momento.
Por su parte, y en una muestra del talante con que se inicia el proceso, desde el Ministerio de Empleo ya le han puesto fecha de caducidad a las negociaciones: o hay acuerdo en tres meses, o legislarán en solitario. De hecho, no descartan legislar por decreto antes incluso de que acabe enero, aunque, por supuesto, destacan,  que la negociación se abordará con una actitud "abierta".

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