Otro favor del Gobierno a Florentino Pérez: Industria, que dijo que iba a "frenar" la infraestructura por su alto coste, modifica la norma para que un tercero, Enagás, se subrogue en la compra del gas que permitirá ponerla en marcha.
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| El presidente de ACS, Florentino Pérez..EFE. |
Nueva concesión del Gobierno a ACS para Castor, el
multimillonario almacén subterráneo de gas cuya puesta en marcha iba a
'frenar' el ministro de Industria, José Manuel Soria, hace un año.
Un cambio legal introducido por el Ministerio de Industria ha eximido a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que ha construido la infraestructura, de gastarse un dinero del que probablemente no dispone para sufragar el gas que permitirá poner en marcha el almacén.
La clave está en una resolución del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, publicada este lunes en el BOE que introduce "la posibilidad de que un tercero pueda subrogarse en las obligaciones y derechos del titular del almacenamiento en lo que se refiere a la adquisición de gas colchón" en la subasta que se celebra hoy mismo.
Dicho gas proporcionará a la infraestructura la presión suficiente para que pueda entrar en operación. Y el cambio supone que un tercero podrá adquirir para ACS ese gas que hasta ahora sólo podía comprar Escal.
A partir de ahora, "los compradores del gas subastado son los titulares de los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural que se determine por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, o en su caso la persona jurídica autorizada para subrogarse en sus obligaciones y derechos".
La resolución de Industria también establece que "en el caso de que, por causas imputables al almacenamiento, no fuese posible la inyección del gas adquirido en esta subasta, este perderá su condición de gas colchón a todos los efectos. El comprador titular del almacenamiento, como propietario del mismo, será responsable del pago de los peajes, cánones y penalizaciones en su caso, imputables a dicho gas mientras permanezca en el sistema".
Castor está terminado hace tiempo, aunque todavía no se había puesto en marcha, en un contexto de sobrecapacidad en el sistema gasista, como consecuencia de la crisis y la burbuja de instalaciones. Se concibió para suministrar hasta un tercio de la demanda diaria del sistema durante 50 días y fue construido aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, a 22 kilómetros de la costa castellonense.
La planta tiene muchos detractores en el sector energético, que cuestionan la utilidad de una infraestructura muy costosa, concebida en los tiempos de bonanza y que, con su entrada en servicio, va a añadir presión a los costes regulados del sistema gasista, que ya arrastra un incipiente déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sector).
El Ministerio de Soria ha dado un giro radical a su ímpetu inicial contra Castor, cuyo coste (que se disparó hasta casi 1.300 millones de euros, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente) dijo que iba a auditar y cuya puesta en marcha anunció que frenaría "hasta que no haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado". Ese equilibrio no ha llegado, pero el almacén va a entrar en marcha tras varias concesiones del Gobierno al mismo.
Un cambio legal introducido por el Ministerio de Industria ha eximido a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que ha construido la infraestructura, de gastarse un dinero del que probablemente no dispone para sufragar el gas que permitirá poner en marcha el almacén.
La clave está en una resolución del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, publicada este lunes en el BOE que introduce "la posibilidad de que un tercero pueda subrogarse en las obligaciones y derechos del titular del almacenamiento en lo que se refiere a la adquisición de gas colchón" en la subasta que se celebra hoy mismo.
Dicho gas proporcionará a la infraestructura la presión suficiente para que pueda entrar en operación. Y el cambio supone que un tercero podrá adquirir para ACS ese gas que hasta ahora sólo podía comprar Escal.
A partir de ahora, "los compradores del gas subastado son los titulares de los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural que se determine por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, o en su caso la persona jurídica autorizada para subrogarse en sus obligaciones y derechos".
Enagás, que en 2014 se convertirá en accionista de Castor, será quien 'rescate' a su propietario, que el año pasado no se presentó en una subasta similarEn el sector se da por descontado que el encargado de comprar ese gas para ACS será Enagás, la empresa que transporta y opera la red gasista, que tiene previsto incorporarse al accionariado de Castor el año que viene. El grupo será, por tanto, quien 'rescate' a la infraestructura, cuyo titular descartó presentarse a última hora en la subasta de gas colchón del año pasado.
La resolución de Industria también establece que "en el caso de que, por causas imputables al almacenamiento, no fuese posible la inyección del gas adquirido en esta subasta, este perderá su condición de gas colchón a todos los efectos. El comprador titular del almacenamiento, como propietario del mismo, será responsable del pago de los peajes, cánones y penalizaciones en su caso, imputables a dicho gas mientras permanezca en el sistema".
Castor está terminado hace tiempo, aunque todavía no se había puesto en marcha, en un contexto de sobrecapacidad en el sistema gasista, como consecuencia de la crisis y la burbuja de instalaciones. Se concibió para suministrar hasta un tercio de la demanda diaria del sistema durante 50 días y fue construido aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, a 22 kilómetros de la costa castellonense.
La planta tiene muchos detractores en el sector energético, que cuestionan la utilidad de una infraestructura muy costosa, concebida en los tiempos de bonanza y que, con su entrada en servicio, va a añadir presión a los costes regulados del sistema gasista, que ya arrastra un incipiente déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sector).
El Ministerio de Soria ha dado un giro radical a su ímpetu inicial contra Castor, cuyo coste (que se disparó hasta casi 1.300 millones de euros, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente) dijo que iba a auditar y cuya puesta en marcha anunció que frenaría "hasta que no haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado". Ese equilibrio no ha llegado, pero el almacén va a entrar en marcha tras varias concesiones del Gobierno al mismo.
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